Por Victoriano Martínez
Si hace dos años la ecuación que describió Enrique Flores Flores era diputados (d) más funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (fASE) por moche de los alcaldes (MA) igual a corrupción en la fiscalización de las cuentas públicas, algo así como (d+fASE)MA=C, hoy la ecuación ha subido de categoría, y ya involucra absolutamente a todos.
En los últimos 730 días, la ecuación corrupta ha incorporado nuevos valores a su conformación. Algunos con tintes de confabulación y complicidad. Otros como una aparente involuntaria aportación, pero que no deja de tener su cuota de responsabilidad.
Desde el primer día de la revelación de la ecuación corrupta, la entonces todavía Procuraduría General de Justicia del Estado comenzó a recibir denuncias. Las primeras (sorpréndase) por parte de los entonces diputados Manuel Barrera Guillén y José Guadalupe Torres, dos de los señalados en el video.
Hubo denuncias por parte del alcalde Crispín Ordaz, quien grabó el video, y diversas agrupaciones ciudadanas. En septiembre de 2017, Federico Garza Herrera, entonces procurador y hoy fiscal, en una reunión con empresarios les informó que había 14 denuncias relacionadas con la ecuación corrupta.
Han pasado dos años, y de todas las denuncias, sólo ha procedido la judicialización por un solo delito: cohecho por 11 mil pesos en contra de Enrique Flores Flores, que fue lo que le entregó Crispín Ordaz el día que tuvieron el encuentro del que resultó la grabación.
La entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, comenzó desde entonces su incorporación a la ecuación, como un elemento de complicidad que, desde el principio, contó con el respaldo del gobernador Juan Manuel Carreras López, quien nunca hizo pronunciamiento alguno para que el caso no quedara en la impunidad.
La instancia de procuración de justicia, primero como Procuraduría subordinada en el organigrama y después como Fiscalía “autónoma” bajo la influencia del gobernador por la vía de su fiscal carnal, ha sido así, en los últimos dos años, el instrumento que incorpora a Carreras López a la ecuación como otro elemento cómplice al no hacer válida su protesta de hacer cumplir la ley.
Esa omisión cómplice, por parte del gobernador y la hoy fiscalía, por falta de resultados en las carpetas de investigación aportó a la ecuación corrupta el factor necesario para eliminar variables que pudieran entorpecer su efectividad: el tiempo.
Una omisión que, prolongada por 24 meses, ha eliminado prácticamente la indignación que provocó el video publicado por el periódico Pulso el 12 de junio de 2017. A dos años se habla de la ecuación corrupta como un hecho vergonzoso, ocurrido en el pasado, que provocó una movilización ciudadana digna de recordar, pero a la que pocos, por no decir nadie, le dan seguimiento.
Ni la propia Fiscalía da seguimiento a las carpetas de investigación abiertas. Atrincherada en el argumento de mantener el sigilo de las investigaciones, a 730 días hace pensar que más que secreto es inactividad.
Una inactividad que provoca la aportación del elemento aparentemente involuntario de la ecuación: la apatía ciudadana. Una participación involuntaria en la ecuación que no puede librarse de cierto grado de responsabilidad si se aplica la advertencia de que tolerar una injusticia es provocar otra.
Dos años que reconfigura la ecuación corrupta de primer grado a exponencial.
Diputados (D) más funcionarios de la ASE (fASE) por moche de los alcaldes (MA) elevados a la potencia de la complicidad Fiscalía-gobernador (F-G) más tiempo (T) más apatía ciudadana (ac) igual a Corrupción (C) elevada a la potencia de la impunidad (I).
Algo más o menos así: [(d+fASE)MA]F-G+T+ac=CI.
