Angélica Campillo

Organizaciones civiles en pro de los migrantes en San Luis Potosí consideraron que hay una simulación por parte del gobierno federal en la protección de los derechos de estas personas y se ha subordinado su dignidad, con el fin de obedecer a los intereses económicos de Estados Unidos.

Los activistas señalaron que, a raíz del acuerdo bilateral firmado entre México y Estados Unidos en pasado junio, para contener la migración centroamericana que transita por el territorio nacional se han implementado una serie de acciones que han incrementado las violaciones a derechos humanos de los migrantes en este país.

Denunciaron que esta situación se ve reflejada en las políticas migratorias de hostilidad y de militarización que se han recrudecido durante el último mes, cuyas consecuencias vuelven más vulnerables a los migrantes, se obstaculiza su derecho al libre tránsito, además de que se les imposibilita el acceso al derecho de asilo.

Refirieron que una de las medidas tomadas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) fue ordenar a las empresas de transporte terrestre exigir a todas las personas, como requisito obligatorio, una identificación oficial y documento migratorio vigente para permitirles abordar sus unidades. Manifestaron que esto, además de violar el derecho al libre tránsito, establecido en el artículo XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva graves consecuencias, entre las que se encuentran:

Obligar a los migrantes a la búsqueda de nuevas rutas más peligrosas, dejándolos a expensas del crimen organizado, siendo así víctimas de delitos como trata de personas, tráfico de migrantes, entre otros.

El solicitarles un documento migratorio para poder desplazarse dentro del territorio nacional es un hecho violatorio por parte de la Ley de Migración, así como de su reglamento, en el cual no se hace referencia a esa acción.

Esto afecta también a personas en contextos de movilidad interna y nacional, a migrantes repatriados, jornaleros agrícolas, desplazados internos y a la ciudadanía en general.

Los activistas acusaron que se han incrementado las detenciones arbitrarias hacia los migrantes por parte de policías ministeriales, municipales, estatales, federales, así como de la recién nombrada Guardia Nacional, misma que ahora se está coordinando con el Instituto Nacional de Migración en la inspección de documentos migratorios de personas extranjeras, con el fin de verificar su condición de estancia, situación que, dijeron, viola su derecho a la seguridad jurídica al presentarse sin ninguna orden fundada, motivada y expedita por la autoridad competente.

Asimismo, mencionaron que les preocupa la formación y capacitación de este último grupo para salvaguardar la integridad de los migrantes, ya que hasta el momento no hay claridad de cómo se les va a preparar para identificar a personas que soliciten protección internacional.

De igual forma, manifestaron que les preocupa la intención del gobierno federal de crear un Centro de Transferencia en San Luis Potosí, al que llegarán migrantes asegurados en la frontera con Estados Unidos, ya que para este proyecto no existe evidencia de planeación, ni se ha especificado el nivel de competencia de cada autoridad, así como el nivel de participación que podrán tener las organizaciones civiles que han estado trabajando el tema migratorio desde hace más de 50 años en el estado.

Se dijeron preocupados por la creciente xenofobia fomentada por los discursos de funcionarios de gobierno, así como de legisladores a nivel nacional y estatal, lo cual se suma a los mensajes de odio que prevalecen el las redes sociales y al discurso antimigrante que utilizan algunos medios de comunicación, a pesar de que la comunidad potosina se ha caracterizado por la hospitalidad, solidariad y acompañamiento a los migrantes.

Al considerar que existe simulación por parte del gobierno federal respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes, los activistas hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere sus decisiones en política migratoria, y que éstas se basen en las distintas leyes y tratados de protección a los migrantes. En este contexto, solictaron que la Guardia Nacional no tenga competencia en materia migratoria; que las instancias federales, estatales y municipales generen acciones de capacitación a su respectivo personal en la materia, para brindar asistencia digna a los migrantes nacionales e internacionales en condición de tránsito o asentamiento en el territorio potosino, con el fin de evitar la revictimización, discriminación y xenofobia.

Además, instaron a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar campañas de información y concientización a la ciudadanía en general para proteger y garantizar el respeto hacia los migrantes nacionales e internacionales, a fin de erradicar la discriminación y xenofobia; pidieron también la capacitación del personal del INM en temas de derechos humanos y perspectiva de género; que se clarifique la instalación del Centro de Transferencia en San Luis Potosí y se especifiquen las competencias que tendrán las distintas instancias de gobierno, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Entre las organizaciones que hicieron esta solicitud se encuentran: la Comisión de Pastoral, Arquidiócesis de San Luis Potosí; Casa de la Caridad Hogar del Migrante-Programa de Cáritas San Luis Potosí; Centro Potosino de Estudios Migratorios, A.C.; Colectivo “NOMADAS SIN RUMBO”; Centro de Derechos Humanos Samuel Ruíz, A.C. Proyecto Coyote; Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP; Respuesta Alternativa, A.C.; Equipo de Voluntarias (os) de la Universidad Ibero León; Animus Novandi, A.C.; Fomento de Cultura, Justicia y Paz de la Vida, A.C.; Equipo de Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala; Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí; Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC); Maestría en Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Karuna; Mutelas, A.C.; Observatorio Indígena Mesoamericano; Asociaciones de Comunidades Indígenas de los Municipios de Tancanhuiz, Tanlajas, Axtla de Terrazas, Tamazunchale, Xilitla; Observatorio sobre la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual (Cero Trata).