Aprueban Ley de Transparencia… con 3de3

 

Por Victoriano Martínez

 

Tras discutir por más de dos horas, con un receso de por medio, el Congreso del Estado aprobó este miércoles una nueva ley de transparencia para armonizar la legislación local con la general, en la que se incluyó la obligación, para todos los funcionarios, de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, lo que convierte a San Luis Potosí en el primer estado en el que avanza la iniciativa 3de3.

Durante el debate, las posturas de diversos legisladores dejaron en claro que en el Estado ya existe la obligación legal para que los funcionarios públicos presenten las tres declaraciones, por lo que sólo faltaba que se estableciera en la Ley de Transparencia la obligación de hacerlas públicas.

De acuerdo con las exposiciones de los diputados durante el debate de la nueva ley, las obligaciones para presentar la 3de3 se encuentran en tres disposiciones diferentes:

En la Constitución General de la República, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se incorporó al artículo 108 un párrafo que dice: “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”.

En el caso de la Constitución Política del Estado, el pasado 3 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 186 que agregó el siguiente párrafo al artículo 124: “Los servidores públicos que establezca la ley, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración, patrimonial, y de intereses, ante las autoridades competentes, y en los términos que determine la ley”.

Si a nivel constitucional ya aparece la obligación de presentar las declaraciones patrimonial y de intereses, en la fracción III del artículo 104 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos se completa la 3de3: “Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación patrimonial, acompañada de una copia de la declaración anual para efectos del Impuesto Sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción I de este artículo”.

Es decir, la declaración patrimonial debe ir acompañada de una copia de la declaración fiscal. La ley de transparencia recién aprobada establece que la 3de3 debe hacerse pública 15 días después de presentada ante el órgano competente. El plazo es el último día de mayo, por lo que para el 15 de junio todos los funcionarios potosinos tendrán que haber cumplido con esta obligación.

EL DEBATE QUE DESEMBOCÓ EN LA 3DE3

Tras la presentación que hizo la diputada Josefina Salazar Báez, presidenta de la Comisión de Transparencia, sobre el dictamen para la nueva ley, Héctor Mendizábal, Enrique Flores, José Luis Romero Calzada y Xitlálic Sánchez, del grupo de Los Broncos, cuestionaron que no se tomara en cuenta la propuesta que ellos presentaron, acusaron a Salazar Báez de imponer su iniciativa y pidieron un receso.

En un intento por desmentir a los Broncos, Salazar Báez expuso que la iniciativa que dictaminaron tres comisiones incluye una propuesta heredada de la anterior Legislatura que fue presentada el 13 de junio de 2015, y exhibió las firmas a favor de algunos diputados broncos en el dictamen así como los acuses de recibo con fecha 17 de marzo de la distribución del pre dictamen a todos los legisladores para que aportaran comentarios.

En sus primeras posturas, los Broncos insistieron en la necesidad de ampliar el número de integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de tres a cinco, además de ampliar el periodo de los comisionados de cuatro a siete años.

Tras un receso, la discusión en lo general sobre la nueva Ley concluyó con la participación sólo de legisladores identificados con el grupo de los Broncos, quienes lamentaron no haber logrado los avances que pudieron alcanzarse en el tema de transparencia, pero “estamos para jalar por un San Luis que avance”, dijo Romero Calzada.

Por su parte, Mendizábal anuncio reservas que, dijo, confiaba que habrían de exhibir los faltantes importantes en la ley de transparencia que en ese momento votarían. La nueva Ley de Transparencia del Estado quedó aprobada con 23 votos a favor y tres votos en contra, con la reserva de los artículo 31, por parte de Mendizábal, y 84 y 86 por parte de Enrique Flores.

Mendizábal retiró su propuesta al aceptar que la ampliación del número de integrantes de la CEGAIP así como alargar su periodo son disposiciones que implican una modificación constitucional, por lo que anunció que presentará próximamente las iniciativas para ese fin.

Fue entonces cuando entró al debate la propuesta 3de3. Enrique Flores indicó que los dos artículos que reservó se refieren a la obligación de hacer públicas las declaraciones 3de3. En el artículo 86, fracción XVII, que la establece para todos los servidores públicos, y en el artículo 86, fracción XVIII, para los legisladores.

Reconoció que ya existe la obligación de presentar la 3de3, y se pide que se presente al inicia y al término de la función pública. “Lo importante no es presentarlo, lo importante es hacerlo público. Lo importante es que el ciudadano sí pueda saber qué tiene cada uno de sus funcionarios, lo importante es que tenemos que darle la cara a la ciudadanía”, dijo.

Mendizábal advirtió a sus compañeros que la votación sobre la propuesta 3de3, como obligación de publicar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, permitiría “saber realmente quién sí quiere ser transparente y quien no quiere ser transparente”.

“Seríamos incongruentes si no aceptamos que nuestras declaraciones no sólo sea obligatorio presentarlas, sino hacerlas públicas, que es lo que la materia de esta ley trata. Sirve de poco que se presenten pero que no se hagan transparentes. Esta es la ocasión de hacer de esta ley una ley de vanguardia. Esta votación es la votación que va a volver a poner a San Luis a la vanguardia en transparencia”, advirtió.

El perredista José Guadalupe Torres precisó que el 3 de marzo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al párrafo cuarto del artículo 124 de la Constitución local para establecer la obligación constitucional de que todos los servidores públicos presenten su declaración de intereses.

“Ya está, acuérdense que mientras esté previsto en la carta de mayor rango, que en este caso para nosotros es la Constitución local, no importa que no esté reglamentado, eso es lo de menos”, insistió para dejar claro que la obligación de presentar su declaración de intereses tiene rango constitucional y tienen que cumplirla.

Oscar Vera Fabregat aseguró que la determinación de obligar a hacer pública la 3de3 debería darse mediante una reforma a la Ley de Responsabilidades y no en la ley de transparencia, porque se generaría una antinomia entre las dos leyes. Mendizábal volvió a intervenir.

“Precisamente para no incurrir en las antinomias que menciona el diputado Vera es que al final de este decreto se agrega “se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley” que estaríamos votando, para que no sea excusa de algunos en votar en contra”, dijo.

“El que no quiera transparentar su patrimonio y sus ingresos, pues que no sea servidor público, porque si hoy estamos combatiendo la corrupción, debemos de ser ejemplo desde esta cámara, desde esta Soberanía, impulsar la transparencia de nuestro patrimonio y de nuestros ingresos”, remató.

Al someter a votación la reserva del artículo 84, para obligar a todos los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones 3de3, la propuesta se aprobó con 14 votos a favor, tres abstenciones y ocho votos en contra.

Al votarse la obligación de los diputados para hacer públicas sus declaraciones 3de3, el resultado varió: 22 votaron a favor de incorporar la obligación, dos se abstuvieron y uno votó en contra.

El resultado final fue de una nueva ley de transparencia armonizada con la ley general en la que se incorporó, de manera inesperada, la obligación de los servidores públicos potosinos de hacer públicas sus declaraciones 3de3, a más tardar el próximo 15 de junio.

 

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