Alejandro Rubín de Celis

Más allá del monto en el que se fije el aumento a la tarifa del agua en la capital del estado, ha quedado claro que la administración del alcalde Xavier Nava Palacios ha preferido cargar todo el peso de la crisis del Interapas a los usuarios del servicio, que cobrarle a los morosos ─en particular a los grandes deudores─ y hacer que funcionarios corruptos reparen el daño causado a ese organismo operador.

La intención de aumentar la tarifa en 39.85 por ciento ─aprobada inicialmente por la Comisión de Agua del Congreso del Estado─ con el argumento de que sólo así se podrá sacar al organismo operador de la crisis por la que atraviesa, es hacer a un lado la obligación que tiene la autoridad de recuperar la cartera vencida que se viene arrastrando desde hace varios años por la irresponsabilidad e intereses oscuros de administraciones anteriores.

La señal es preocupante en los albores de una administración que se comprometió a gobernar para todos, a ser equitativa, a combatir la corrupción y a terminar con los privilegios de los grupos de poder.     

El pasado 5 de diciembre, el presidente de la Comisión de Agua del Congreso del Estado, Mario Lárraga aclaraba que el aumento sería sólo del 14.34 por ciento, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) les entregó un estudio basado en el decreto 594 publicado en el año 2006 y cuya aplicación de la fórmula para establecer ese incremento ahora es cuestionada por el alcalde de San Luis Potosí.

Respecto de su propuesta de un alza de casi 40 por ciento, Nava declaró: “Hay que hacer las cosas bien por San Luis (…) por eso respaldamos la posibilidad a que se ajusten las cosas y se hagan bien desde el organismo operador. Si esto tiene una repercusión política, ni hablar, así es esto”.  ¿Hacer bien las cosas es cargarle la mano nada más a los usuarios cumplidos y hacerse de la vista gorda con los morosos, en especial con los grandes deudores? Hacer las cosas bien es, entre varias cosas más, ser justos y equitativos, y su propuesta claramente no lo es.

La cartera vencida de Interapas por el servicio doméstico, comercial, industrial y público hasta septiembre pasado ascendía a 781 millones 642 mil 100.18 pesos. Rescatar el 15 por ciento de esa cantidad cada uno de los tres años de su gobierno ─unos 117 millones de pesos por año y 351 millones en el trienio─ permitiría al Interapas, junto con el pago puntual de los usuarios cumplidos, una recuperación gradual para ir mejorando un servicio que en algunas zonas de la ciudad no sólo es deficiente sino insuficiente, a tal grado que colonias enteras tiene que pagar por el suministro de agua a través de pipas.   

Resulta pues imperativo hacer que paguen los que más deben: el gobierno estatal, los ayuntamientos y los grandes deudores, entre ellos los desarrolladores y las empresas inmobiliarias que son de las que más ingresos y utilidades perciben en la desbalanceada economía local. Ahora resulta que los que más ganan son los que menos pagan por el servicio y por un bien escaso. La ecuación está al revés.

El costo político que Nava Palacios debe pagar está en la intención que mantiene de aplicar un incremento desproporcionado a la mayoría de la población, sin considerar a los grandes deudores y el desfalco causado al organismo operador por la anterior administración, y no por el aumento que finalmente apruebe el Congreso del Estado.

Como parte del compromiso que hizo en campaña y en su toma de posesión, y de su responsabilidad como presidente municipal de combatir la corrupción y acabar con los privilegios, Xavier Nava Palacios está obligado a denunciar a funcionarios de la anterior administración encabezada por Ricardo Gallardo Juárez que incurrieron en actos de corrupción en el Interapas, por las numerosas irregularidades que se detectaron en el proceso de entrega-recepción, y exigir la reparación del daño que causaron; e ir por los grandes deudores del servicio, sobre todo los del sector privado, que han abusado de las concesiones, prebendas y beneficios que varias administraciones anteriores les han otorgado injustificadamente. No hacerlo dejará en claro que los compromisos que el alcalde ha hecho con la ciudadanía no son otra cosa que mera demagogia y simulación.

Por su parte, la sociedad tiene el derecho, pero también la responsabilidad de exigir a Nava Palacios, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Interapas,  que instrumente las acciones que sean necesarias para recuperar la elevada cartera vencida que existe. No se trata de exigir la liquidación total e inmediata a cada entidad o empresa que tiene adeudos, pero sí negociar pagos sustanciosos en función de su capacidad real de pago para que el organismo operador vaya obteniendo ingresos que le permitan operar y brindar un mejor servicio a la población. Con otros deudores morosos, como es el caso de personas físicas, convendría hacer negociaciones individuales también de acuerdo a su capacidad de pago. Pero de ningún modo debe permitirse un aumento del 39.85 por ciento cargado sólo a los usuarios.

El monto del incremento a la tarifa del servicio de agua tendrá que aprobarse este mes de diciembre, antes de que termine el primer periodo de sesiones de la actual legislatura. Lo que han anunciado los diputados es que revisarán y se cerciorarán de la correcta aplicación de la fórmula que establece el decreto para tal efecto, y consultarán a expertos para contar con información especializada que les permita tomar la mejor decisión respecto del tema. Veremos.

Mientras tanto, el alcalde Xavier Nava Palacios ya tiene un punto menos en su desempeño como alcalde de San Luis Potosí.   

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