Por Victoriano Martínez

Si bien el actual ayuntamiento de San Luis Potosí no generó expectativas sobre grandes obras porque llegó a administrar el desastre financiero dejado en los trienios anteriores, sí se esperaban acciones de alto impacto en el tema de delimitación de responsabilidades y de sanciones a los responsables de tal deterioro.

Cuando el 14 de noviembre se informó de las mil 843 observaciones a la administración de Ricardo Gallardo Juárez, esa parte de la expectativa que sí se creó tuvo un impulso que hizo pensar a muchos, de quienes rompieron el silencio, que en los días siguientes comenzarían a sonar fuerte los actos resarcitorios y justicieros que esperaban.

No obstante, la primera de muchas denuncias llegó hasta 96 días después limitada a lo señalado por un juez federal sobre el cambio de uso de suelo dentro del Área Natural Protegida del Paseo de la Presa de San José.

Entre la primera y la segunda tuvieron que pasar otros 42 días y, una vez más, atrás apareció el impulso de una determinación federal: un requerimiento para la devolución de los recursos de una obra pagada, el puente a desnivel en Fray Diego de la Magdalena, pero no realizada.

Dos denuncias con buen impacto mediático, como las que muchas que podrían preverse por las mil 843 observaciones.

Derivado de esta segunda denuncia, el Ayuntamiento revela un hecho también de impacto mediático, e incluso histórico: se recuperaron más de 55 millones de pesos, “en una primera etapa”, de cuatro empresas involucradas. Algo que no suele ocurrir en mucho tiempo en la administración pública.

El oficial mayor, Oscar Valle Portilla, reveló un dato que matiza –una vez más– la acción presumida por la administración municipal: “estas cuatro empresas se enteraron que era recurso de la federación, por lo que no querían tener problemas y se firmó el contrato de devolución”, reportó Xochiquetzal Rangel en su nota.

Un matiz que muestra que no se trató de una gestión promovida al cien por ciento por la administración actual, sino de un efecto afortunado de la denuncia motivada por el reclamo de esos recursos por parte de la Federación.

Ahora, con motivo de la Semana Santa, en una iniciativa conjunta con Gobierno del Estado, el ayuntamiento anuncia la conversión de la Alameda Juan Sarabia en una Zona de Convivencia a partir del domingo, aunque, de último momento, les saltó una omisión: no se atendieron las condiciones de descuido en el que se encuentra ese inmenso jardín.

El secretario general, Sebastián Pérez, se vio obligado a anunciar que de inmediato comenzarán a trabajar en la Alameda.

Si la idea de una Zona de Convivencia para este periodo vacacional fue iniciativa de los funcionarios municipales cuenta con un elemento reactivo ante el descuido de la Alameda. En el resto de los casos con efecto mediático aquí señalados no se han distinguido por una iniciativa propia porque más bien han sido reacción a circunstancias que se les han presentado.

Han pasado más de seis meses desde el inicio de la administración de Xavier Nava Palacios y es tiempo más que suficiente para que esas acciones que puedan sonar fuerte sean cien por ciento una iniciativa propia y no un acto más que abone a pensar que se trata de un Ayuntamiento reactivo.

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