Por: Antonio González Vázquez
Una de las principales obligaciones que impone la Ley de Transparencia, es la publicación de aquellos documentos que clarifiquen el destino de los recursos públicos, toda vez que el presupuesto al ser dinero de la gente, los ciudadanos tienen el derecho de conocer con exactitud y certeza en que utiliza cada centavo el gobierno.
Pero eso solo es lo que manda la Ley, para el gobierno municipal de Ricardo Gallardo Juárez lo que diga la Ley de Transparencia solo es letra muerta.
Para el ayuntamiento de San Luis Potosí, publicar información que de oficio debe ser pública no es una obligación, a esa autoridad parece importarle poco evadir la Ley para imponer sus propios criterios e intereses.
Durante el primer trimestre del año en curso, el gobierno municipal volvió a ocultar el destino de una parte importante de los recursos públicos ejercidos en el primer trimestre del año. Publican los cheques que ellos quieren, por lo que esta vez se desconocen a quienes y porqué conceptos se hicieron pagos por 333 millones 210 mil pesos.
Este periódico digital ya había alertado sobre esta situación anómala con respecto a los recursos ejercidos en el 2016 cuando se ocultó el gasto de más de mil 500 millones de pesos.
Pero también lo habían advertido organizaciones de la sociedad civil, como Acción Ciudadana y Ciudadanos Hasta la Madre, quienes no sólo denunciaron el hecho públicamente, sino que también lo hicieron ante el organismo garante del derecho de acceso a la información pública.
Con fecha de 31 de marzo, el ocultamiento del gasto del dinero público por parte del ayuntamiento, fue denunciado ante la CEGAIP, al recurrir a los instrumentos legales pertinentes.
Ya el pasado día 9 de mayo, el alcalde Gallardo debió explicar ese hecho ante la Comisión, pero no lo hizo…ni lo hará.
No lo hará, en primer lugar porque no quiere y en segundo lugar, porque no hay nadie que lo obligue a hacer nada que no quiera, incluso si se trata de la ley. Se trata pues, no sólo de una omisión a una obligación legal, sino de una conducta del todo antidemocrática e incluso violatoria de la ley.
