Por Antonio González Vázquez
Ante la situación de excepción en que se encuentra la Auditoría Superior del Estado resulta indispensable la inmediata intervención de la Auditoría Superior de la Federación, no solo para hacerse cargo de las obligaciones y funciones que le otorga la Ley a la ASE sino también para reponer las auditorías viciadas que se han realizado durante los últimos años.
Ayer en la ciudad de México, con el respaldo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Xavier Nava Palacios solicitó de manera pública la intervención de la ASF.
Ya lo habían solicitado hace días las organizaciones sociales y ciudadanos del Frente Contra la Corrupción y también lo solicitan ya desde el PRI e incluso la senadora por el Partido del Trabajo, Ana Guevara.
Hay muchas cosas de las que la ASF y la Procuraduría General de la República tendrían que hacerse cargo: los actos de corrupción de los diputados y de funcionarios de primer nivel de la ASE.
Pero ese es solo un tema, el otro gran tema es qué hay con la ASE en estos momentos y hasta dónde se puede iniciar una investigación independiente para dar con todos los engranajes de la corrupción.
La intervención de la Auditoría Superior de la Federación es fundamental para dar certeza al trabajo que está por iniciar de nueva cuenta la ASE con la reposición de las auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
Tales cuentas no solo están desacreditadas por la evidente corrupción sino también porque los encargados de llevar adelante ese procedimiento, estaban impedidos legalmente para ocupar los cargos que Martínez Loredo les dio simplemente por ser sus cuates.
No se puede dejar correr los días sin que se tome una decisión contundente como es intervenir a la ASE por la vía de la ASF y también de la PGR puesto que lo que ha ocurrido ahí en los últimos dos años, no es cumplir con un proceso de fiscalización para comprobar que los recursos públicos se utilicen conforme a lo que ordena la ley, sino más bien para ocultar las irregularidades.
En ese sentido, también urge una postura firme de parte del ejecutivo estatal quien debería hacer una petición oficial a la ASF para lograr su intervención a la auditoría local.
