Por Antonio González Vázquez
Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al Congreso de la Unión regular el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial. Por mandato del máximo tribunal de México, se deberá legislar a fin de evitar el uso discrecional de recursos públicos, cuyo monto, es groseramente elevado.
Se estima, según análisis de la organización civil, Fundar, que la presidencia de la república en cuatro años ha gastado unos 23 mil millones de pesos en publicidad y propaganda en los medios de comunicación.
El uso del erario para publicitar en la prensa acciones o simples declaraciones de gobernantes, desde el presidente de la república hasta cualquier presidente municipal del país, es una práctica perversa dado que forma parte de una estrategia orientada a promocionar a personas y en muchos caos, en base a mentiras.
Se trata de una práctica nociva por necesidad puesto que más que informar, desinforma, engaña, manipula. Crea escenarios falsos y configura una realidad fantasma. Los spots, gacetillas y coberturas, conforman la santa trinidad del engaño que se utiliza en las instituciones públicas para exhibir una eficacia de acción que es todo lo contrario.
“Para la Corte, la falta de regulación por parte del Congreso propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que consideró como una restricción indirecta de la libertad de expresión. La concesión del amparo fue propuesta por el ministro Arturo Zaldívar, quien consideró que la regulación de la publicidad oficial es para terminar con la discrecionalidad de los distintos gobiernos que la usan para castigar a los medios críticos y premiar a los oficialistas”. (Proceso 15 de noviembre de 2017).
En San Luis Potosí siempre ha ocurrido que el gobernador, los diputados, los presidentes municipales y todo aquel que encabece una institución pública recurre a la prensa, no solo para dar a conocer sus proyectos y acciones, sino también, para presumir algo que se ha hecho a medias o que simplemente no se ha hecho.
Lo hacen porque es muy simple publicar lo que les plazca: basta pagar a la prensa para que ésta difunda lo que el cliente quiere. O mejor dicho, que ordena.
Juan Manuel Carreras se gastará este año unos 79 millones de pesos y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez unos 24 millones de pesos. Los diputados se van a gastar 10 millones de pesos. Cada alcalde del estado tiene un gasto estimado para comprar espacios en los medios de comunicación y publicar lo que más les convenga a ellos, no a sus gobernados.
Esto viene a colación por el caso de la presunta cualidad transparente del alcalde capitalino, Ricardo Gallardo. Con cierta periodicidad, el ayuntamiento reporta a través de gacetillas pagadas, que su indicador de cumplimiento en transparencia de acuerdo con los parámetros exigidos por la ley, es del cien por ciento.
Desde el inicio de esa administración se ha repetido eso y se ha publicado en medios de comunicación de todo el estado con los que el ayuntamiento tiene contrato.
Eso es una falacia monumental. Basta buscar en el portal electrónico del ayuntamiento las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial del alcalde. No las va a encontrar. Tampoco los padrones de beneficiarios de los programas sociales, ni tampoco cuantos programas sociales hay y su fundamento e inversión detallada.
Hasta ahora, de manera inusitada, el alcalde fue desmentido con todo y su boletín por parte del organismo garante del derecho de acceso a la información pública que inexplicablemente, en anteriores ocasiones se había quedado muda e inmóvil.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública aclaró a la sociedad que es falso que el ayuntamiento haya alcanzado el cumplimiento del cien por ciento en sus obligaciones de información pública, por el contrario, ha incumplido casi en el 40 por ciento de sus obligaciones.
La CEGAIP se tardó mucho en corregir al ayuntamiento, desde, la primera ocasión que dijo que tenía un cumplimiento total se le debió desmentir.
El mandato de la Corte al Congreso de la Unión tras un amparo promovido por la organización Artículo 19 es por tanto, de enorme valor y permitirá no solo que la presidencia de la república limite el gasto público y que lo haga equitativo, sino que también obligará a todas las instituciones y sus gobernantes a hacer lo propio.
Ya basta de que por medio de la prensa, el gobernador, el alcalde, los diputados o tal o cual secretario publiquen auténticas barbaridades como noticias ciertas. No hay pretexto, la prensa ya no puede seguir publicando las gacetillas sin antes verificar que su contenido sea apegado a la verdad.
En abril se vence el plazo para que el Congreso de la Unión legisle sobre la publicidad oficial. Lo tienen que hacer, es una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
