Caja Negra: Primer aniversario del ocultamiento de contratos y gastos de diputados en medios

Por Antonio González Vázquez

Sin que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública diga o haga absolutamente nada, el Congreso del Estado cumplió un año sin publicar los contratos y convenios de pago por concepto de  publicidad con medios de comunicación.

Pese a que la difusión de ese tipo de información debe hacerse de oficio, el poder legislativo ha dejado correr un año desde que mantiene oculta esa información.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Congreso del año pasado, se había autorizado una erogación de diez millones para servicios de comunicación social, pero no es posible saber si los diputados, ante su pésima imagen pública, rebasaron ese límite con la autorización de la Junta de Coordinación Política.

El portal electrónico del Congreso tiene como último reporte de gasto en prensa, diciembre de 2016, cuando según la lista de cheques expedidos, contaba ya con un centenar de medios a los que compraba publicidad.

Este es el vínculo a los últimos pagos de los diputados, desde entonces, no se ha vuelto a publicar nada.

http://bit.ly/2mTGkiT

En plena contradicción, hace unos días, el Congreso dio a conocer que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobó una reforma al artículo 53 de la Ley de Transparencia del Estado, a fin de que los titulares de las unidades de transparencia en las diferentes dependencias estatales y municipales, cuenten con certificación de conocimientos y habilidades en la materia.

Los responsables de dichas unidades de transparencia, tendrán el cargo de coordinador o director de dichas unidades, con lo cual se reglamenta la responsabilidad en la titularidad de dicho puesto.

Pese a que la burocracia en materia de transparencia es del todo nociva y necia, ni con mucho representa un problema que amerite legislar.

El problema no son los empleados de las Unidades de Transparencia sino sus jefes. El ejemplo de los diputados es más que suficiente para demostrar que si no se respeta el derecho de acceso a la información es por las trabas que se imponen desde los altos niveles de las instituciones.

Ocultar los contratos y gastos de comunicación social no es algo privativo de los diputados, lo mismo hacen la mayor parte de los entes obligados.

Y lo hacen porque la CEGAIP ni dice ni hace nada al respecto.

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