Por: Antonio González Vázquez.

Reestablecer la legalidad, es decir, poner en orden lo que está en desorden. O también, reestablecer la legalidad o hacer que quienes actúan al margen de la ley dejen de hacerlo para actuar en la línea con lo que las leyes dictan.

Se dice tan fácil, pero es algo tan difícil de lograr. Es una oración tan breve, tan sencilla, tan lacónica, que cualquiera diría que es algo tan simple, pero reestablecer la ley es una de las cosas que en México casi nunca se hacen menos se hacen.

Si las instituciones del Estado hicieran lo que les toca para primero, hacer que se respete y sostenga el Estado de Derecho, no sería necesario hacer nada para reestablecer la legalidad.

Si todas las instituciones del Estado hicieran lo que por ley les toca hacer, no habría servidores públicos a los que habría que dejar caer todo el peso de la ley para que la cumplan.

Pero estamos en México y luego entonces en San Luis Potosí, donde los gobernantes y los funcionarios públicos acostumbran a hacer lo que les place porque la ley es para un ellos, una especie de librote aburrido que ni vale la pena hojear, mucho menos si se trata de algo tan vetusto como la Constitución.

Pocos se han atrevido en décadas a hacer algo por reestablecer la legalidad, aunque esa sea una obligación y más bien pareciera que muchos de los encargados de ellos, se dedican a fomentar la ilegalidad ya sea por su omisión o por su complicidad.

Reestablecer la legalidad no es algo harto complicado o una tarea imposible, sino que tiene que ver con la voluntad: basta con actuar pensando en el interés general y además, basta con respetar la ley.

Es el caso de la Auditoría Superior del Estado, a cuyas manos llega la resolución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para sancionar al alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, responsable de violar el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personal de funcionarios con recursos públicos.

La ASE no es precisamente una institución que se la pasa reestableciendo la legalidad pese a que en materia de ejercicio de los recursos públicos es esa su razón de ser, pero ahora tiene la oportunidad de hacerlo.

No estaría mal que para empezar, sigan a pie juntillas lo que su propia ley les ordena, para que de esa forma puedan meter en cintura a otras autoridades. Mal sería ponerse de nuevo a las órdenes del alcalde Gallardo y darle gusto con la inacción o con un fallo al gusto del edil.

Ese si sería un muy mal mensaje y sería una invitación a todos los servidores públicos para que utilicen los programas y recursos del gobierno para hacerse promoción personal con vista a las próximas elecciones.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here