Por: Antonio González Vázquez.

 

La violencia política contra las mujeres en San Luis Potosí es un hecho real y cotidiano, su frecuencia es una afrenta y el silencio de las víctimas es en buena medida, un acto de defensa ante las amenazas de los victimarios.

Pese a ser un problema real, el gobernador Juan Manuel Carreras López parece no verlo o parece no importarle para nada.

Tan no le importa, que hace una semana, turnó al Congreso del Estado un paquete de iniciativas de reformas y adiciones a distintos ordenamientos con el propósito de proteger los derechos de las mujeres.

Éstas son las seis iniciativas y ninguna de ellas tiene relación con la violencia política contra la mujer.

1.- Iniciativa de reformas, adiciones y derogación de 18 artículos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

2.- Iniciativa de reformas y adiciones de 19 artículos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí.

3.- Iniciativa de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de San Luis Potosí que abroga la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de septiembre del año 2009.

4.- Iniciativa de reformas y adiciones de 7 artículos de la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

5.- Iniciativa de reformas, adiciones y derogación de diversos artículos del Código Familiar y del Código Civil, ambos del Estado de San Luis Potosí.

6.- Iniciativa de reformas, adiciones y derogación de 18 artículos de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí.

Ese paquete, que pronto deberá ser aprobado por los diputados, tiene el propósito de blindar al estado de la posibilidad de que se emita la Alerta de Género. Con estas iniciativas se estarían cumpliendo parte de las recomendaciones hechas para evitar tal declaratoria.

Sin embargo, el tema de las desapariciones forzadas, la trata de personas y los homicidios no son los únicos problemas a los que las féminas deben dar cara, puesto que está además el caso de la violencia política que se presenta, de manera especial, en instituciones públicas.

El caso más relevante es el de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Yolanda Pedroza Reyes, víctima de violencia política y acoso laboral por parte de sus propios compañeros magistrados, Oskar Kalixto y Rigoberto Garza.

No hay normas legales que sancionen las conductas abusivas en el Tribunal Electoral que es un paraíso para los que ejercen violencia política.

También esta el caso de la diputada del PAN, Josefina Salazar Báez, víctima de violencia política por parte de sus compañeros legisladores, Enrique Flores y Héctor Mendizábal, quienes la presionaron de tal modo que la despojaron del cargo de coordinadora de los diputados del PAN en el legislativo local.

Es una verdadera lástima que el ejecutivo, a sabiendas de que hay casos de violencia política hacia las mujeres, no haya incluido el tema en su paquete de reformas, lo cual, sin más, puede ser visto como una actitud de insensibilidad y falta de compromiso para con los termas fuertes de la violencia contra las mujeres.

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