Por Antonio González Vázquez
No siempre ocurre, no es la norma; cuando sucede lo que apunta a imposible y se aplica la ley, entonces resulta plausible y reconfortante ver que de vez en cuando se hace respetar el Estado de Derecho.
El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y su alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte habían quebrantado el Estado de Derecho y de modo abusivo invadieron propiedad privada.
Las peores cosas, dicen, se hacen anteponiendo la excusa del bien social, del interés público y del beneficio colectivo y el caso de la invasión a un predio en la calle Acapulco en la colonia San Felipe, es ejemplo de ello.
El Juez Cuarto de Distrito, Juan de Dios Monreal Cuellar, resolvió conceder amparo definitivo a la empresa Grupo Policentro, cuyas instalaciones había sido en parte despojadas por el ayuntamiento de Soledad para ampliar una calle.
De verdad, no siempre es dable atestiguar algún caso en que se haga notar la justicia, puesto que no en balde vivimos en uno de los países con la más alta tasa de impunidad y corrupción.
Un juez federal resolvió que el gobierno municipal por el Partido de la Revolución Democrática, incurrió en probables actos ilegales al apropiarse de terrenos de propiedad privada y, sin aviso de ninguna clase, destruir, desmontar y construir sobre lo que le pertenece a otros.
En el caso específico de Soledad de Graciano Sánchez desde hace ya varias administraciones venía cobrando fuerza un actuar excesivo, soberbio y arrogante de las autoridades.
Así por ejemplo, el ayuntamiento podía tomar decisiones carentes de sentido y del todo unilaterales, como esa de cambiar de nombre a la avenida San Pedro para bautizarla como Ricardo Gallardo Cardona.
También, pese a que existe una orden de la autoridad local para que se deje de utilizar la palabra “gallardía” y que ésta sea eliminada de espacios públicos, no se ha hecho caso a la medida precautoria y hacen en ese municipio lo que quieren.
Bajo ese principio tan ilegal como absurdo, fue que empezaron a construir una avenida sin pedir permiso a los dueños del predio afectado, mismo que ahora se encuentra destruido en uno de sus tramos. No se puede pasar por encima de los derechos de los demás, así sea una autoridad municipal.
Sin embargo, pareciera ser ya tarde para que la autoridad municipal lo entienda.
La demanda penal promovida en contra del edil y funcionarios municipales va en serio; hay una posibilidad cierta de que se ejerciten sanciones y se ponga un antecedente ejemplar en el sentido de que ya pasaron los tiempos en que un alcalde podía hacer lo que le entraba en gana.
