Por Victoriano Martínez
“¡Los potosinos no quieren servidores públicos que no cumplan con su deber ni se ajusten a la ley! Yo tampoco”, afirmó Juan Manuel Carreras López en su toma de protesta como gobernador el 26 de septiembre de 2015.
Más adelante anunció: “No habrá impunidad para quien haya infringido la ley, ni para quien lo haga en el futuro. Para responder a esta exigencia de los potosinos, enviaré a esta Honorable Soberanía la iniciativa de reforma Constitucional que sentará las bases del Sistema Estatal Anticorrupción”.
Han pasado 34 meses, ya se dio la mencionada reforma y se integraron las leyes que le dan sustento jurídico al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se nombraron la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana del SEA, y el “no habrá impunidad” de Carreras López sigue siendo una promesa incumplida.
El Sistema Estatal Anticorrupción no ha podido operar a pesar de estar nombrado con la formalidad establecida en la Ley el Comité de Participación Ciudadana, porque al convocar a la integración del Comité Coordinador, la representación de las seis dependencias estatales se negaron a participar por un formulismo que no menciona la ley: no tienen personalidad jurídica que no se publica el nombramiento en el Periódico Oficial.
Esa actitud desembocó en una solicitud de juicio políticos ante el Congreso del Estado, sin ningún trámite a la fecha, contra esos funcionarios (titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscal General, la Contraloría General del Estado el Consejo de la Judicatura, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa).
De esos 34 meses de incumplimiento carrerista, en los últimos nueve el mandatario que tan expresivo con su “no habrá impunidad” no fue capaz de hacer que el órgano oficial del Poder Ejecutivo, el Periódico Oficial del Estado, destrabara la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Así como no agilizó la publicación de los nombramientos, también pareció hacerse de la vista gorda con el ejercicio de 7 millones 840 mil 577.78 pesos por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y la Contraloría General del Estado durante 2017. ¿Cómo los justificaron si el sistema nunca operó?
El pasado 6 de julio aparentemente el obstáculo finalmente se eliminó. Pero sólo en apariencia porque reporta una presunta acta de un evento que nunca ocurrió ni en la fecha ni con los personajes mencionados en ella. Sí, no sólo formaliza como presidente del CPC-SEA a Alma Irene Nava Bello, quien renunció al comité y, peor aún, murió el pasado 13 de enero.
La publicación parecería regresar el tiempo al 20 de septiembre de 2017 para reanudar los pasos de la instalación del SEA, pero con esas fallas prácticamente los deja donde mismo. Fallas que resultan inexplicables si existen documentos de por medio que reportaron las modificaciones en el CPC-SEA como para que se avalaran los nombramientos que se mantenían firmes.
Tan inverosímil como inexplicable es la falla, que más parece una estrategia para seguir dilatando la instalación y operación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Cuando Carreras López aseguró que “los potosinos no quieren servidores públicos que no cumplan con su deber” nadie puede negar que incluso ahora esa afirmación tiene razón.
Lo verdaderamente lamentable es que Carreras López ya acumula 34 meses convertido en uno de esos servidores públicos que no cumplen con su deber.
