Antonio González Vázquez

La responsabilidad política del hecho de que el Sistema Estatal Anticorrupción no funcione es del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, consideró Eduardo Martínez Benavente, quien agregó que el responsable legal del fracaso del sistema es el Congreso del Estado, toda vez que no ha intervenido para poner en orden el conflicto interno en el Comité de Participación Ciudadana.

Entrevistado por este diario digital, el analista de temas políticos, transparencia y corrupción destacó que es inexplicable que los integrantes de ese comité sean incapaces de ponerse de acuerdo en quién los preside: “Hay tantas diferencias y odios entre ellos que entiendo que incluso hasta han intentado llegar a los golpes”, añadió.

Se trata de una situación que urgió a que se corrija de manera inmediata, pues ya vamos para cuatro años con estas dificultades.

Alertó que “mientras no se integre debidamente ese comité ciudadano no puede haber tampoco un secretario técnico ni puede funcionar el aparato anticorrupción”.

Estimó que el Congreso del Estado debería haber intervenido desde hace tiempo para “cesar a todos y que hubiera una nueva convocatoria con personas dispuestas a ceder y no ser los protagonistas de este sistema”.

Recordó que eso es muy importe porque quien encabece el comité debe participar en el Consejo Estatal Anticorrupción, por lo que se trata de una cartera muy importante.

Martínez Benavente resaltó que, para destrabar el conflicto entre los miembros del comité, lo que se tiene que hacer es destituirlos y que se lance una nueva convocatoria.

“No sólo eso, incluso hasta se pueden fincar responsabilidades a estas personas, desafortunadamente tenemos un gobierno suavecito que no hace nada y el Congreso del Estado debería haber actuado desde hace mucho tiempo”, reiteró.

Es a los diputados a los que legalmente les corresponde haber puesto orden a esta situación tan irregular y fincar responsabilidades.

Las diferencias en el comité son por las preferencias políticas y por los protagonismos, pues saben que la persona que resulte como presidente va atener un papel relevante aunque en realidad no combata la corrupción, sí va a ser una figura mediática importante; incluso para poder extorsionar a funcionarios y no se diga el secretario técnico, en cuyo caso no hay idea alguna de quién puede ostentar ese cargo, agregó el notario público.

El gobierno estatal acaba de reconocer a Ramón Infante como presidente del Comité, pero hace unas semanas había hecho lo propio con Efraín Arriola, ¿qué papel juega con ello el Ejecutivo entonces?.

“Bueno, eso es porque no hay voluntad de resolver el tema de las desavenencias en el Comité, creo que ya un grupo se fue a presentar con el gobernador para insistir en algún reconocimiento”.

Recordó que cuando se hicieron las designaciones de los miembros del Comité de Participación Ciudadana “ellos tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir de entre ellos a alguno que los presidiera, pero se dio desafortunadamente el deceso de la señora Alma Nava y luego otros no aceptaron o se salieron y también hubo sustituciones de propietarios por suplentes y ya todo fue un caos”.

Pero en este punto tan delicado, destacó la ausencia absoluta del Gobierno del Estado, así como del Poder Legislativo. “No les ha interesado el problema y ahí lo han dejado”.

“El gobernador o el Congreso debieron dar un manotazo en la mesa desde hace mucho para decirles que pusieran orden o se fincarían responsabilidades, pero nadie hizo nada”, criticó.