Por Victoriano Martínez

La historia del fracaso del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) va mucho más allá del surrealista Periódico Oficial del Estado del 6 de julio de 2018, en el que aparece como presidenta del Comité de Participación Ciudadana una persona que no sólo había renunciado al cargo, sino que murió cinco meses antes de esa publicación.

A Juan Manuel Carreras, Mandatario de San Luis Potosí (PRI), lo señalan de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas, pues el Periódico Oficial estatal tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC, y, cuando lo hizo, nombró como presidenta a una integrante que ya había renunciado al cargo e inclusive que ya había fallecido”.

Así lo exhibió este lunes el periódico Reforma.

Más detalles de ese surrealismo potosino serán expuestos en los próximos días en el portal Web de la organización ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, que acaba de anunciar la publicación la historia del fracaso de los Sistemas Estatales Anticorrupción en 10 estados de la república por ellos analizados.

El surrealismo potosino comenzó el mismo día en que Juan Manuel Carreras López rindió protesta como gobernador y, en su primer discurso, enarboló la bandera anticorrupción. Incluso aprovechó la existencia de la iniciativa preferente para mandar al Congreso del Estado el paquete de leyes del SEA para que se dictaminara en máximo 30 días. No se cumplió y desde ahí comenzó la farsa.

Como característica de la simulación, Carreras López argumentó lo que llamó el timing, esperar el momento preciso para llevar a cabo una acción con mayor efectividad.

En agosto de 2016, en una reunión en la Casa de Gobierno, hoy Casa San Luis, ese timing incluía –por ejemplo– que estuviera aprobado el paquete de leyes anticorrupción para actuar en contra de las fechorías del entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, porque como gobernador estaba al tanto de las que le denunciaron en ese momento “y de muchas más”, según su dicho.

Entre la toma de protesta en la que anunció el sistema anticorrupción y la aprobación de las reformas y leyes que lo crean pasaron 607 días, y dejó pendiente la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que se aprobó hasta agosto de 2018, 453 días después. El aletargado timing de Carreras.

Hoy se cumplen mil 60 días desde su toma de protesta y el sistema Estatal Anticorrupción que anunció desde su primer día sigue incompleto.

Desde el gobierno carrerista se vende el argumento de que la representación ciudadana en el SEA, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), ha sido el principal obstáculo para completar el Sistema por las diferencias que existen entre sus integrantes.

El hecho es que los intentos del CPC por avanzar en la integración del sistema fueron saboteados por la parte oficial (las seis instancias gubernamentales que participan en el SEA) al hacerle el vacío a las convocatorias para integrar el Comité Coordinador durante los últimos meses de 2017.

Los integrantes del CPC solicitaron al Congreso del Estado, el 22 de enero de 2018, juicio político contra la auditora Superior del Estado, Rocío Cervantes; el Fiscal General, Federico Garza; el Contralor General del Estado, José Gabriel Rosillo; el presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Almazán Cue; el presidente de la CEGAIP, Alejandro Lafuente; y contra quien resulte ser el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Curiosamente las diferencias entre los integrantes del CPC aumentaron después de esas fechas en las que Rosillo cuestionaba su legitimidad por no haber sido publicados sus nombramientos en el Periódico Oficial a cargo de… la autoridad estatal. Y cuando finalmente los publican, nueve meses después, incluyen los errores que hoy son motivo de exhibición en medios nacionales.

Tan obvio ha sido el papel obstaculizador desde la administración de Carreras López, que en su iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos ha omitido destinar recursos para la operación del SEA.

Este lunes, mientras a nivel nacional se exhibía el surrealista Periódico Oficial, Rosillo reconocía en rueda de prensa a Ramón Infante como presidente del CPC y, por tanto, del Comité Coordinador del SEA, cuando hace menos de dos semanas atendía la convocatoria para una reunión de éste, firmada por Efraín Arriola como presidente.

Si el Sistema Estatal Anticorrupción ha sido sometido a un timing estilo Carreras, éste ha sido el timing de la impunidad y de las claras maniobras de la clase política para protegerse entre ellos.