Por Victoriano Martínez

La renovación del Congreso del Estado, tras el proceso electoral del año pasado, pronto se convirtió en una simple sustitución de personajes que no sólo le dan continuidad a la decadencia de sus antecesores, sino que –además– ya se convirtieron en sus encubridores.

Las organizaciones civiles Ganemos y Ciudadanos Observando apoyaron a diversas personas para denunciar el abuso de un grupo de diputados de la LXI Legislatura con los recursos de gestoría institucional, con los que simulaban otorgar ayudas sin que los beneficiarios las recibieran en realidad.

No sólo usaron empresas fantasma para comprobar gastos simulados, sino que llegaron al exceso de falsificar una carta de agradecimiento de una persona fallecida meses antes de la fecha de la misiva.

Si conocer de esas prácticas tan ruines es motivo suficiente para la indignación, que ahora quienes llegaron con la bandera de dignificar al Poder Legislativo, y desterrar y sancionar actitudes tan nefastas, obstaculicen que se sancione a sus antecesores –a decir de la Fiscalía General del Estado (FGE)– los coloca un paso más allá del indignante papel de los ex diputados.

No es la primera vez, ni el único caso, en que la FGE se lamenta de que las autoridades que poseen los elementos para perfeccionar las pruebas sobre denuncias ciudadanas le niegan la información a pesar de ser una autoridad investigadora.

Tras la denuncia del caso Sandra Sánchez Ruiz, hasta el final de su administración, Ricardo Gallardo Juárez negó proporcionar cuanto documento le requirió la FGE. Lo mismo pasó con el Instituto Registral y Catastral y las escrituras de las 66 propiedades de los Gallardo, para el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito. Ambas denuncias presentadas por el Frente Ciudadano Anticorrupción.

La Fiscalía ha requerido información al Congreso del Estado y éste se la ha negado. Esa es la denuncia pública que hace Ciudadanos Observando como una forma para presionar al Legislativo para que haga lo que tendría que haber hecho por el simple requerimiento del Ministerio Público

Una falta de respuesta que desmiente cualquier pronunciamiento que haga cualquiera de los 27 diputados en el sentido de que llegaron para trabajar distinto y hacer las cosas bien. Un hecho concreto –como hay muchos otros– que expresa mucho más fuerte lo que son, por encima de lo que dicen ser.

Los actuales diputados no sólo no han sido capaces de diferenciarse de sus antecesores sino que, tan se sienten del mismo equipo, que no han dudado en protegerlos.

Cuando sus promesas antes de asumir el cargo hacían esperar que impulsaran las sanciones a los actos ruines de los ex diputados, hoy al protegerlos sólo abonan a la sospecha de que la reducción de sueldo y la desaparición de apoyos sociales sólo es una mascarada que oculta variantes de prácticas con el mismo objetivo.

La denuncia que hizo hace unos días la diputada Beatriz Benavente sobre apoyos en Ciudad Valles es un indicio más.