Por Victoriano Martínez

Hace 45 días hábiles que, según la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, comenzó a correr nuevamente el plazo para cubrir las vacantes que dejaron tres renuncias de los nombrados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema.

Tan querían ajustarse al nuevo plazo que las regalaba (según su interpretación) una publicación tardía en el Periódico Oficial del Estado, el 6 de julio de este año, de los nombramientos que hicieron el 20 de septiembre de 2017, que el pasado 10 de julio (4 días después) publicaron en el órgano oficial del estado una fantasmal convocatoria, que no tuvo ninguna respuesta.

En 63 días naturales (45 hábiles), se termina el nuevo plazo que se han tomado, y no hay señales de convocatoria… sólo de un avance en la desintegración del organismo por conflictos internos, madruguetes y saltos a otros cargos.

En sentido estricto, el Periódico Oficial del Estado, aunque se publicó en julio de este año, señala que los integrantes del Comité de Participación Ciudadano rindieron protesta el 1 de noviembre (aunque no haya sido en esa fecha). Es decir, las vacantes a cubrir en 90 días hábiles se habrían dado desde entonces.

Pero aquel plazo se les venció y ahora lo toman como renovado por la fecha del ejemplar del Periódico Oficial… pero se perfilan para no alcanzar a cumplir con el plazo de 90 días hábiles que establece el último párrafo del artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Eso sin contar que en poco más de un mes se cumplirá el primer aniversario de las primeras vacantes: Alma Irene Nava Bello, renunció a la presidencia numeraria el 16 de octubre; Blanca Torres Espinosa, supernumeraria 1, renunció el 27 de octubre, y Benjamín Alva Fuentes, supernumerario 5, renunció el pasado 11 de abril.

De acuerdo con el proceso de selección realizado hace un año, desde el lanzamiento de la convocatoria a la fecha del nombramiento transcurrieron 58 días naturales, del 24 de julio al 20 de septiembre. Si no sacan la convocatoria esta semana, tendrán que acortar los tiempos, para cumplir su nuevo plazo… o nuevamente incumplirán la Ley.

Si en 58 días lograron una selección que resultó tan desastrosa, con el antecedente de una convocatoria frustrada, una división interna y la apatía de algunos de sus integrantes, la Comisión de Selección tiene ante sí un reto mucho mayor que cuando, recién nombrados, contaban con el beneficio de la duda.

Las renuncias y los conflictos entre ellos y con los integrantes del CPC los obligan a un proceso de selección mucho más cuidado pero, sobre todo, muy transparente, que fue uno de los déficits del proceso anterior.

Se les está haciendo tarde, pero ya se sabe que para ellos se puede incumplir el plazo legal. Entonces que, por lo menos, esta vez lo hagan bien.

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