Alejandro Rubín de Celis

Cuatro meses parece tiempo suficiente para haber integrado expedientes sobre irregularidades de la administración municipal anterior y que merezcan sanciones administrativas o penales. Ha pasado un tiempo razonable para concluir el proceso de entrega recepción ─incluida la etapa de desahogo de observaciones─  y tener listas las carpetas con todos los elementos de prueba para presentarlas ante las autoridades.

Dice el contralor interno del ayuntamiento de la capital, José Mejía Lira,  que es preferible tardarse un poco más a que se les “caigan” los casos por no estar bien sustentados, pero después de cuatro meses y con personal calificado ─se supone─  ya no debiera haber excusa para no tener un buen número de carpetas debidamente integradas.

Es indispensable que a la brevedad, donde haya posibles actos ilícitos, la Contraloría termine de integrar expedientes para que los canalice a las autoridades correspondientes a efecto de que el tiempo no siga jugando a favor de éstas, en especial de las Fiscalías General y Anticorrupción y de la Visitaduría General, pues al paso que va la administración municipal en turno las posibles sanciones pueden durar meses o incluso años, si es que algún día se llegan a aplicar.

La Fiscalía General y sus apéndices no se mueven si no hay presión social y de las autoridades que presentan las acusaciones, en este caso el Ayuntamiento de San Luis Potosí,  y buscan ─y encuentran─ cualquier pretexto para bloquear el curso de las indagatorias y prolongar indefinidamente las resoluciones de los casos, sobre todo los que son del conocimiento público.

Una prueba de ello es la reunión que sostuvieron hace unos días representantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) con el visitador general, Luis Fernando Luna Aguilar, quien dio marcha atrás a cualquier avance que esa organización creía haber conseguido luego de pláticas anteriores con la autoridad, y sostuvo que no había recibido el escrito del síndico municipal, Víctor Saldaña, que éste presentó en la Fiscalía en noviembre pasado en apoyo a las denuncias del FCA contra Ricardo Gallardo Juárez.

Está claro, y el tiempo  así lo ha demostrado, que no hay voluntad política del gobernador Juan Manuel Carreras y del fiscal general, Federico Garza, para resolver los casos que más preocupan a la población, entre ellos el de los presumibles y bien documentados casos de corrupción del ex alcalde sobre la compra de medicamentos a Sandra Sánchez y en torno a su enriquecimiento inexplicable por la vía inmobiliaria, que el FCA denunció hace casi un año.

Pero la alcaldía no sólo ha detectado esas irregularidades sino un total de mil 843 hasta noviembre pasado, y, aunque decenas o quizá centenares puedan todavía ser solventadas ─o ya lo hayan sido─ habrá otras muchas, también decenas o centenares, que no se solventaron.

Entre las anomalías identificadas y que se han hecho públicas están la adquisición de celulares de alta tecnología para funcionarios de primer nivel, a un costo superior a 3 millones de pesos, que no aparecieron en los inventarios; la evasión del pago del impuestos al SAT por 180 millones de pesos y de 76.6 millones al Infonavit, un posible desfalco multimillonario al Interapas, facturación a 120 medios de comunicación fantasma; asignación directa de obras que por ley debieron licitarse, desvío de dinero recaudado en parquímetros, sobrecosto en la contratación de una pista de hielo, irregularidades en la adquisición de equipos y en la operación de purificadoras y tortillerías,  y el supuesto pago por material para una campaña vial a una empresa cuyo domicilio es una menudería en la ciudad de Guadalajara.

Cuatro meses y apenas han integrado carpetas de investigación contra seis exfuncionarios ─y eso porque no atendieron los citatorios para solventar sus inconsistencias─ y que hasta dentro de unas dos semanas, si bien va, se presentará la demanda contra Gallardo Juárez  y otros presuntos responsables por la compra irregular de medicamentos ¿Acaso no sabían los nuevos funcionarios municipales que desde marzo de 2016 algunos medios ─entre ellos Astrolabio Diario Digital─ dieron cuenta y presentaron pruebas irrefutables de ese virtual fraude, y que también lo hizo el FCA en febrero pasado? Pudieron recurrir a ellos al iniciar la administración para obtener las pruebas y agilizar las indagatorias.

Ya cinco funcionarios tramitaron amparos para evitar ser detenidos y sancionados por  cualquier autoridad ─sólo uno de ellos ha sido favorable al ayuntamiento, según el contralor José Mejía Lira─ y mientras más tiempo pase no serán cinco sino seguramente varios más los exfuncionarios que tramitarán este tipo de juicios para evitar  la acción de la justicia.

Investigar las irregularidades de la pasada administración y presentar las denuncias correspondientes fue uno de los principales compromisos de campaña del alcalde Xavier Nava Palacios. De diversas formas y en voz de distintos funcionarios se ha reiterado ese compromiso y se ha subrayado que “no habrá perdón ni olvido”.

Pues el tiempo corre y la ciudadanía espera con ansia resultados en términos de justicia, y no tardará mucho en decepcionarse si no hay una acción pronta y decidida de  parte de las  instancias municipales para que eso suceda, al margen de que la autoridad estatal haga o no algo respecto de las denuncias presentadas.

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