Victoriano Martínez

Cada año, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) firma un Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero con la Federación y el Estado, en el que se establecen compromisos sobre la aplicación de los recursos que ambos niveles de gobierno aportarán al presupuesto de la máxima casa de estudios.

Cualquiera entendería que se trata de un acto de buena fe, al que las autoridades universitarias acuden con pleno uso de su autonomía y, sin menoscabo de ésta, establecen un anexo de ejecución que responde a una programación presupuestal que atiende a las necesidades del ejercicio académico y administrativo.

Un documento equivalente a lo que en otros ámbitos podrían ser la Ley del Presupuesto de Egresos o los presupuestos de egresos municipales, que establecen el destino de los recursos públicos y, por tanto, se convierten en el parámetro contra el que se contrasta la fiscalización de la aplicación del erario. Nada que comprometa autonomías o independencias.

Tan así resulta ese Anexo de Ejecución que acompaña el pacto de la UASLP con la Federación y el Estado, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para fiscalizar la aplicación correcta de los recursos públicos que recibe la UASLP, contrasta el ejercicio de los mismos con lo establecido en ese documento.

Como dijera Jorge Islas, ex abogado general de la UNAM, no se debe confundir la autonomía con negligencia u omisión en el cumplimiento de los deberes, ni con una perfecta justificación para eludir asumir responsabilidades institucionales.

“La autonomía es un medio con el que el poder revisor de la Constitución dotó a las universidades, para que puedan alcanzar los fines que persigue toda institución de educación superior pública, en educación, investigación y difusión de la cultura; el medio idóneo para garantizar el efectivo ejercicio del derecho humano a la educación superior. Su naturaleza es esencialmente académica”, escribió Islas.

No apegarse a un programa presupuestal, así sea un anexo de lo convenido con los entes que aportan la mayor parte de los recursos públicos para la UASLP, con el argumento de que pasan “a formar una sola bolsa cuya distribución corresponde, por ley, a la universidad” abre la puerta a una indebida discrecionalidad en el ejercicio del dinero público.

Si hoy quienes ejercen recursos públicos –incluidos los funcionarios universitarios– están bajo sospecha por casos como la Estafa Maestra, que involucró a un buen número de universidades, saber la sencillez con la que se pueden solventar irregularidades para una institución de educación superior apunta a que la autonomía les alcanza para encubrir actos de corrupción.

Observa ASF 582 mdp a UASLP en Cuenta 2016; por su autonomía quedan justificados

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