Jaime Nava

La organización Ciudadanos Observando presentó una denuncia penal en contra de Josefina Salazar Baez y Mariano Niño Martínez por haber facturado servicios con una supuesta proveedora de nombre Adriana Angélica Peredo Gómez que cobra una comisión del 8 por ciento por cada comprobante fiscal apócrifo que entrega.

El 28 octubre 2015, apenas un mes del después de haber asumido el cargo, la legisladora panista recibió del Congreso del Estado 68 mil 882 pesos como pago por las facturas número 99, 100 y 101 que le expidió Adriana Angélica Peredo Gómez por “servicios de mensajería, administrativos y de gestoría”

Curiosamente las facturas siguientes; es decir, las correspondientes a los números 102, 103 y 104 fueron emitidas el mismo 28 de octubre del 2015 a nombre de sus compañeros de partido: Héctor Mendizábal, Enrique Flores Flores y Héctor Meraz contra quienes Ciudadanos Observando presentó una denuncia penal a finales de febrero de este año.

También, las facturas 105, 106 y 107 fueron cobradas por el panista Mariano Niño con la misma proveedora, fecha y conceptos que el resto de sus compañeros.

José Guadalupe González, vocero de Ciudadanos Observando, consideró que el daño conjunto provocado por los 5 diputados, únicamente con las facturas emitidas por Adriana Angélica Peredo Gómez, es de 327 mil 428 pesos.

Además, denunció que desde el Congreso del Estado Josefina Salazar intentó impedir que se les entregue la información relacionada con esas facturas. “Nos empezaron a poner una serie de trabas y pretextos que no están en la ley de transparencia”, comentó.

Asimismo reveló que los miembros de Ciudadanos Observando buscaron a la proveedora y lograron entrevistarse con su esposo: “Encontramos su domicilio en la calle de La Tinaja en la colonia Las Julias y una persona que dijo ser esposo de ella nos mencionó que ellos se dedican a la venta de facturas a cambio del 8 por ciento”.

De manera por demás extraña, todas las facturas fueron canceladas el 26 de febrero del 2016 por lo que consideraron que ese acto constituye un “fraude fiscal” toda vez que los supuestos servicios fueron cobrados por los diputados y ahora ya no cuentan con un soporte documental por lo que exigieron la devolución de los recursos recibidos.

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