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Madrid, España (19 de febrero de 2016).- Juan Gabriel, un joven mexicano residente en España desde hace 9 años, ha sido deportado esta mañana por el procedimiento “exprés”, luego de ser detenido el martes por la noche por miembros de la policía municipal de Madrid, después de que se pasara un semáforo en rojo cuando conducía su bicicleta.

Según confirmó a El Universal, Irene Ruano, vocera de la ONG Stop Deportation, cuando la policía municipal comprobó sus datos, se dio cuenta de que Juan Gabriel se encontraba en situación administrativa irregular, así que lo trasladaron a la Brigada Policial de Extranjería, situada en el barrio de Aluche, y en menos de 72 horas lo metieron en un vuelo comercial de Iberia con destino a México, custodiado por dos policías nacionales “sin que nos diera tiempo a impedirlo”.

Ruano asegura que su deportación no debería haberse llevado a cabo. “Es verdad que él tenía una orden de expulsión desde hacía muchos años. Pero ahora tenía pruebas que mostraban su arraigo en España como el hecho de que había encontrado un trabajo en una empresa de mensajería, que tenía novia, que estaba muy integrado en la ciudad y en el barrio en el que vivía, y que no se quería regresar”, añade.

Además, la vocera de la ONG denuncia el hecho de que al haber sido una deportación exprés y no haber podido pasar por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES), donde pueden permanecer hasta 60 días en lo que un juez decide, su abogado no tuvo tiempo de presentar la documentación necesaria para demostrar su arraigo y así impedir su expulsión del país.

“Lo detuvieron, lo llevaron a comisaría, y de ahí al calabozo donde estuvo tres días; esta mañana lo metieron en un avión y se lo han llevado”, relató. “Sus amigos no han tenido casi tiempo de llevarle sus cosas, su ropa, objetos personales de toda una vida viviendo en Madrid. Ha sido terrible”.

En este sentido, Ruano denuncia que en estos últimos años, el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP), ha multiplicado las deportaciones exprés como método para expulsar a inmigrantes en situación irregular. “Es un método más barato y más rápido, por eso se utiliza, pero es un proceso falto completamente de garantías constitucionales”, asegura.

Fuente: El Universal.

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