Angélica Campillo
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado, Yvett Salazar Torres, aseguró que no están siendo omisos al no monitorear las partículas PM 2.5 en la zona metropolitana de San Luis Potosí, por lo que se mostró confiada de que el juzgado primero de Distrito les otorgará la razón.
La funcionaria recordó que la semana pasada les llegó la notificación del amparo por omisión de monitoreo de partículas PM 2.5, donde se marca como autoridades responsables al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, a la Secretaría de Salud, y a la Segam, en el que se reclaman cinco actos.
Apuntó que, posteriormente, la Segam rindió un informe el 16 de agosto y dentro de los argumentos que virtieron en él, es decir, en la contestación de negación de sus actos, se basaron en la Norma 156 de la Semarnat 2012, que en el numeral 12 establece que las concentraciones anuales mínimas por contaminantes criterio, para poderlo monitorear, se tiene que establecer un mínimo de más de 20 mil toneladas al año, de cualquier contaminante. Dijo que en el caso de partículas PM 2.5, en la actualización reciente del inventario estatal de emisiones se estima una cantidad anual de tres mil 649, por lo que todavía no se alcanza un mínimo para ser considerada como una omisión en monitoreo.
Mencionó que la institución a su cargo, desde el inicio de la actual administración ha trabajado en gestionar los recursos correspondientes para llevar a cabo los mantenimientos y también ir aumentando la red de monitoreo porque al ir creciendo la ciudad, en algún momento va a ser una urgencia tener un monitoreo mucho más amplio, y que puede abarcar a la zona conurbada de San Luis Potosí: “lo que buscamos es involucrar a los municipios como responsables, porque extrañamente nadie los menciona, cuando tienen una facultad, responsabilidad y obligación expresamente, tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) como en la Ley Ambiental Estatal”, subrayó.
“Es muy avanzado incluso que un mismo abogado asegure ya casi que tiene una sentencia cuando el amparo se acaba de presentar y apenas estamos desahogando los informes previos, todavía nos falta el informe justificado y el juzgado no otorgó la suspensión que pidió la asociación, por lo tanto, estamos en el procedimiento de desahogo”, añadió.
Salazar Torres manifestó que los argumentos que dio la Segam no se desestiman por parte del juzgado, ya que en un proceso legal se tiene un informe previo en el que únicamente las autoridades vierten rápidamente consideraciones, pero todavía falta el informe más a fondo, en el cual irán por varias causales de improcedencia, entre ellos el interés jurídico y el interés legítimo: “también nosotros vertimos información técnica en la cual podemos desestimar el acto. No nos preocupa el hecho legal porque todas las instancias de gobierno, como los quejosos, estamos en un periodo en el cual podemos desahogar pruebas… son procedimientos legales largos. El 4 de septiembre es nuestra fecha límite para presentar el informe”.
