Día Internacional de la Libertad de Prensa

Por Victoriano Martínez

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Conmemora la declaración de Windhoek, Namibia, en África en 1991.

“El establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista, y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”, resume la postura de esa declaración que buscó modificar la situación que atravesaba el periodismo africano, por las amenazas, la persecución y la censura.

Nada que ver con el 7 de junio y el Día de la Libertad de Prensa en México, que conmemora –desde 1951– el agradecimiento de los directivos de los diarios de esa época al presidente Miguel Alemán, por resolverles la crisis de papel periódico.

Luego se sumarían los concesionarios de radio y televisión al agradecimiento-conmemoración –no de un acto en favor de un ejercicio periodístico apegado a la búsqueda de la verdad, independiente y con responsabilidad social– sino a uno que revalidaba la relación más perversa del poder y el periodismo.

Desde que la ONU lo declaró en 1993, el Día Internacional de la Libertad de Prensa es todo lo opuesto a la conmemoración mexicana: contrarrestar amenazas persecución y censura para lograr una prensa independiente, pluralista y libre.

“Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes”.

Así describe la ONU la razón por la que se establecen conmemoraciones de días internacionales. La Libertad de Prensa enfrenta problemas sin resolver, sobre los que localmente es indudablemente necesaria la sensibilización, tomar conciencia y llamar la atención.

Dos casos, como ejemplo.

Uno. La Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado tiene asignado para este año un presupuesto de 81 millones 857 mil 105 pesos, y en el Ayuntamiento de San Luis Potosí se contemplan 35 millones 378 mil 453.87 pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

Tales presupuestos, y los que destinen muchas otras dependencias y ayuntamientos, podrían ser una buena noticia si realmente atendieran a programas de comunicación social, pero atentan contra la libertad de prensa por cuando menos dos vías:

Primera. Sin criterios claros de asignación, esos presupuestos se convierten en un medio de control del ejercicio periodístico al usarlos para premiar a quien contribuye a mejorar la imagen del funcionario y castigar a quien exhibe sus incumplimientos. Lejos de usar esos recursos para promover la pluralidad, lo hacen para unificar a los medios con su versión sesgada y convenenciera.

Segunda vía, derivada de la anterior. En los paquetes publicitarios incluyen las llamadas gacetillas, que son textos elaborados desde las oficinas de las dependencias que aparecen tal cual en la prensa y son presentados como si fueran trabajos periodísticos. Un engaño al público en el que prensa y gobierno actúan como cómplices.

Los presupuestos citados arriba se convierten, por esa actitud perversa de prensa y gobierno, en una amenaza a la libertad de prensa, y atentan contra el derecho a saber de toda la población.

Dos. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado sesionó a puerta cerrada para tratar el caso de los ex diputados denunciados por simular apoyos sociales, utilizar facturas de empresas fantasma y falsificar firmas.

A la violación a los principios constitucionales de transparencia, los diputados agregaron una limitación a la libertad de prensa. Mientras a integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción les negaron el acceso al edificio, a las reporteras y reporteros que ingresaron les impidieron el acceso al salón en el que se encontraban reunidos.

Un doble atentado: contra la transparencia y contra la libertad de prensa.

Argumentar que por tratarse de casos de denuncias penales se protegió que en la reunión se pudieran conocer datos que afectaran los procesos de las carpetas de investigación es una muestra de su ignorancia sobre lo que establece la Ley de Transparencia.

La fracción II del artículo 131 de la Ley de Transparencia establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando (…) se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”.

Al ser los casos denuncias ciudadanas y el expositor invitado a la reunión el Fiscal Anticorrupción, no hay duda de que se trata de “información relacionada con actos de corrupción” y, por tanto, no cabe invocar el carácter reservado, mucho menos que se traten en sesiones privadas.

Más aún, el agravio es contra el erario, que se forma con las aportaciones de toda la sociedad, vía impuestos. Es decir, los exdiputados atentaron contra los recursos de todos, concepto que está detrás de la disposición de la Ley de Transparencia para prohibir el carácter de reservado en esos casos. Si todos lo aportaron, todos tienen derecho a saber cómo se utiliza y cómo se protege.

Una vía para acceder a esa información es que a los periodistas no se les impida conocer las posturas directamente en la reunión, como lo impidieron ayer en la Junta de Coordinación Política.

Las versiones hasta contradictorias que dieron los participantes en la reunión –consultados por reporteras y reporteros conscientes de su responsabilidad de informar– son una muestra más del perjuicio al derecho a saber de la sociedad por parte de esos diputados opacos.

Es claro que, de ese tipo de servidores públicos más preocupados por sus intereses personales y de grupo, es imposible esperar que se sensibilicen y tomen conciencia sobre la importancia de respetar la libertad de prensa y actúen con transparencia.

Pero al ser hoy Día Internacional de la Libertad de Prensa, no se debe dejar pasar la oportunidad de llamar la atención sobre el hecho de que, desde la función pública, se atenta contra esa libertad, con la esperanza de que los ciudadanos exijan a sus representantes medidas que respeten el derecho a saber de la sociedad.

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