- Es inconstitucional aprobar informes de auditoría en un periodo extraordinario
Por Victoriano Martínez
Los diputados de la actual Legislatura pretenden una vez más incumplir con la Constitución en la aprobación de los informes finales de auditoría, si como anunció el diputado Fernando Chávez Méndez, el próximo 7 de septiembre se aprobarán los correspondientes a las cuentas públicas 2017.
El pasado lunes, como presidente de la Directiva de la LXI Legislatura, Chávez Méndez dijo que el próximo 7 de septiembre realizarán una sesión extraordinaria en la que se someterán al Pleno los informes finales de auditoría de los 113 entes auditables, relativos a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017.
Eduardo Martínez Benavente, ex diputado local, advirtió que los legisladores que están por asumir el cargo deberán impedir que se cometa esa ilegalidad, pues conforme a lo que señala el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, la aprobación o no de esos informes es una de las primeras responsabilidades que deben cumplir.
Explicó que el primer párrafo del artículo 53 de la Constitución es muy claro al especificar que es en el primer periodo ordinario de sesiones la Legislatura cuando se aprueban los informes finales de auditoría.
“Se ocupará del análisis y, en su caso, aprobación del informe general e informes individuales que le presente la Auditoría Superior del Estado, respecto de la revisión de las cuentas públicas del Estado; de los municipios y de sus organismos descentralizados; de los organismos constitucionales autónomos; y las demás entidades auditables, relativas al año próximo anterior”, dice la segunda parte del primer párrafo del artículo citado.
En el segundo párrafo hace referencia a que en el segundo periodo de sesiones, que se desarrolla de marzo a junio, “el Congreso del Estado se ocupará con la misma preferencia, del inicio y revisión de las cuentas públicas”, sin ninguna referencia a los informes finales de la ASE.
“Lo único que tienen que entender es que los informes finales de auditoría se aprueban dentro del periodo ordinario de sesiones y no convocar a un periodo extraordinario, como lo pretenden, para algo que la Constitución es muy clara sobre el momento en que debe hacerse”, comentó.
Advirtió que de hacerlo como lo pretenden, el próximo 7 de septiembre, incurrirían una vez más en una violación al marco constitucional y, como en el caso de los informes finales de las cuentas 2016, cualquiera de los entes auditables podría evadir sus responsabilidades con un amparo por no hacerlo dentro del periodo establecido en la Constitución.
“Los diputados electos deben parar esa intención, porque es una atribución que ya les corresponde a ellos y serían los que tengan que enfrentar, ya en el cargo, las secuelas de un acto ilegal como el que pretenden”, dijo.
Estimó que los actuales legisladores mantienen sus mismas posturas y compromisos por los que tienen urgencia de aprobarle las cuentas a Ricardo Gallardo Juárez y a otros ayuntamientos que no quieren arriesgarse a la revisión por parte de los nuevos diputados.
Consideró que una aprobación fuera del periodo marcado por la Constitución y con las prisas con que pretenden hacerlo a unos días de dejar el cargo, es un indicador de posibles maniobras similares a las de la ecuación corrupta.
