Eduardo Delgado

Si en aras de “privilegiar la impunidad” el Congreso del Estado vuelve a desechar la petición de juicio político contra las diputadas Xitlálic Sánchez Servín y Rebeca Terán Guevara, se promoverán acciones legales contra los legisladores que “se adhieran a tal actuar”, advirtió el abogado, José Homero González Reyes, en escrito dirigido al Poder Legislativo que entregó esta mañana en la Oficialía de Partes de la LXI Legislatura.

En representación de un grupo de abogados, Homero González, interpuso demanda de juicio político contra las representantes populares, acusándolas de faltas graves, porque en su carácter de presidentas de las comisiones de Justicia y de Gobernación, fueron omisas en el procedimiento de elección del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, asunto que debió haber sido resuelto a fines de septiembre de 2017 y lo resolvieron en marzo de este año.

“De emitirse una nueva determinación que no observe la legislación local que regula el Juicio Político, en aras de salvaguardar a las legisladoras denunciadas y privilegiar la impunidad, se promoverá juicio político y las acciones legales correspondientes en contra de los diputados que se adhieran a tal actuar”, asentó el litigante en el documento.

De la resolución dictada el pasado 29 de mayo, por la Jueza Primero de Distrito, Fabiola Delgado Trejo, en juicio de amparo 322/2018-3, “se deberá volver a emitir pronunciamiento que resuelva sobre la procedencia del juicio político”, les señaló.

Ello, añadió, al quedar sin efecto el dictamen aprobado el 15 de febrero del año en curso, cuando el Pleno desechó su petición promovida contra Sánchez Servín y Terán Guevara, de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente.

“Desde nuestro escrito de denuncia hemos pedido a esta Soberanía que califique de graves las omisiones denunciadas”, les recordó. Además de que “se trata de una condición evidente y palmaria”, completó.

Les hizo notar a los congresistas que “están obligados” a observar que en la sentencia, la jueza estableció que “la determinación del Congreso del Estado, de no dar trámite a la denuncia respectiva, no constituye el ejercicio de su facultad soberana o discrecional, sobre la remoción o suspensión de servidores públicos, para efectos de la procedencia de amparo”.

En su escrito solicitó copias certificadas de la determinación “con la que se pretenda cumplimentar la sentencia”, de la asistencia “a la sesión en la cual se discuta y vote el particular” y de la “votación de los legisladores presentes”.

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