Leticia Vaca

Centro de Transferencia de Migrantes, espacio que ofrecerá apoyo, refugio y comida, para garantizar un tratamiento decente para todas las personas que están en proceso de repatriación y que el Gobierno Federal pretende implementar en San Luis Potosí y que se ubicará en la Delegación La Pila, es un engaño para la ciudadanía, sostuvieron diputados locales.

El pasado 11 de junio, el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, anunció que en concordancia con los acuerdos que el Gobierno Federal firmó con Estados Unidos, San Luis Potosí contará con un Centro de Transferencia para el retorno de migrantes y anunció que todo estaría a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).

Luego  de su declaración, algunos  legisladores locales mostraron  su rechazo; el vicepresidente de la Comisión de Asuntos  Migratorios, Edgardo Hernández Contreras, acusó al Gobierno  Estatal de no fijar una postura y solo querer quedar bien con el Gobierno Federal, “cómo  van a garantizar que no se van agraviar sus derechos humanos, que se cubrirán sus necesidades, como alimentación […] el Estado  no puede garantizar su estancia en la entidad […] es algo tan vergonzoso que el Gobierno Federal haya doblado las manos ante Donald Trump; no se hizo  un estudio y ahora el Congreso también tiene que hacer frente, la ignorancia del secretario general no lo dejó ver las consecuencias”, expuso.

Además, Hernández Contreras advirtió que, si se impide el libre tránsito de los migrantes, buscarán quedarse en México y también en la entidad potosina, situación para la que el Gobierno Estatal no está preparada.

La diputada de Morena, Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, consideró un riesgo la construcción del Centro de Transferencia en la Delegación La Pila, toda vez que estará cercano a una escuela primaria.

“Sabemos que se nos viene un problema gravísimo […] los morenistas platicaremos con el delegado federal (Gabino Morales), los priistas con el gobernador del estado y los panistas con el alcalde capitalino”. Aunque Valdés Martínez aseguró el problema no son los migrantes, sino el tema de la estadía puesto que también se deben velar por los intereses de los potosinos.

Otro de los que se pronunció en contra fue el diputado Rubén Guajardo Barrera, quien pronosticó que en este tipo de espacios se dan violaciones a Derechos Humanos. “Considero que la nueva política migratoria que se acordó con el gobierno de Estados Unidos de manera reciente, es una salida falsa para los verdaderos problemas que hay en el país, pero es más preocupante que quieran engañar a la ciudadanía asegurando que se va a salvaguardar a la niñez en sus derechos humanos, cuando la realidad no pinta positiva para éstos que presuntamente serán protegidos en los Centros de Transferencia Migratorios”, dijo el legislador.

En ese contexto Yolanda Camacho Zapata delegada en San Luis Potosí del INM, justificó que el Centro no representará un riesgo para los potosinos y mucho menos generará un gasto para el Estado porque forma parte de un proyecto federal y “albergaría a familias, padres, madres e hijos […] no son instituciones de entrada y salida, no son instituciones de puertas abiertas, al momento de estar sujeto a un procedimiento administrativo de repatriación con conducción asistida, se tienen condiciones de seguridad hacia el interior y no se permite que salgan”.

Aunque dijo desconocer la capacidad del Centro, aseguró que hay desinformación y se hablaba de flujos migratorios de cinco mil personas, pero no es así, “dar una estimación es difícil, porque aún es un proyecto, que todavía se trabaja con los tres niveles de Gobierno. No voy a especular en números”.

Sin embargo, en cuanto a la atención del INM en San Luis Potosí, indicó, en el mes de mayo se atendieron a 402 personas que solicitaban regresar a su país, pero dijo es difícil conocer cuál es la cantidad de migrantes que pasan por la entidad y cuántos se quedan; citó como ejemplo, el análisis del Colegio de la Frontera Norte, “donde se hace una estimación: por cada persona que esté en una estación migratoria, hay tres más afuera”.

Aparte, entrevistado sobre el tema, Rolando Maldonado Salas, director de la Casa del Migrante, defendió que ningún migrante debe ser considerado como peligroso, no obstante, explicó que al quererlos repatriar les puede generar crisis y actúen en consecuencia. “Al final es el trabajo del Instituto Nacional de Migración y ojalá que Derechos Humanos también esté al tanto de cómo se lleve a cabo todo”.

Maldonado Salas mencionó que el tema es preocupante por las decisiones “irregulares y cambiantes” que toma el Gobierno Federal, e indicó que en cuanto al trabajo que realizan en la Casa del Migrante, seguirá independiente de los programas federales y estatales. Finalmente, comentó que en lo que va de 2019 han albergado cerca de 10 mil migrantes; 780 tan solo en los 18 días que han transcurrido del mes de junio.