Alejandro Rubín de Celis
En unos días se cumplirán 10 meses de que se hizo del conocimiento público la llamada Ecuación Corrupta ─12 de junio de 2017─ y no hay una sola persona sancionada ni penal ni administrativamente a causa de la red de corrupción revelada por el entonces diputado Enrique Flores Flores. Lejos de eso, legisladores con licencia involucrados en el asunto regresaron al Congreso a despachar como si nada hubiera pasado y ahora uno de ellos, Oscar Bautista, hasta es candidatos a un cargo de elección popular.
Entramos de lleno al proceso electoral y el tema de la red de sobornos entre diputados del Congreso local y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha desvanecido sin que al menos se conozcan avances en las investigaciones judiciales. En las plazas, los cafés y los pasillos de las entidades públicas ya casi nadie habla al respecto. Los ojos de la gran mayoría de los interesados en los asuntos públicos están puestos en los candidatos a cargos públicos en los ámbitos federal y estatal, desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías y las diputaciones locales.
Atrás quedó la discusión pública de un asunto tan delicado y con tantas repercusiones para la confianza ciudadana en las instituciones, que no ha tenido mayores consecuencias más allá de licencias, despidos y la destitución de un diputado. Algunos de los involucrados pasean despreocupados por calles y plazas de la ciudad de San Luis Potosí, mientras que hay quienes acuden a oficinas gubernamentales a despachar o de visita. Se les ve muy tranquilos, seguramente sabedores de que tienen quién los proteja y que nada les va a pasar.
Hasta donde se sabe, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) ─en Transición a Fiscalía General─ en sus averiguaciones se limitó a llamar a declarar a los involucrados directos y a los presidentes municipales, que seguramente por temor a ser investigados señalaron que ningún diputado había tratado de extorsionarlos con el asunto de sus cuentas públicas.
La PGJE entregó en diciembre un documento a los diputados con licencia Oscar Bautista y J. Guadalupe Torres que prácticamente los exoneraba de la comisión de algún delito, aduciendo que de los alcaldes y otros funcionarios que hasta entonces habían declarado ninguno los acusaba de extorsión. Después se informó de manera oficial que el único de los 58 alcaldes del estado que denunció haber sido extorsionado fue el de Ébano, Crispín Ordaz, que fue quien grabó la reveladora conversación con Enrique Flores, que fue a quien él demandó penalmente.
¿Habrá otras líneas de investigación y métodos judiciales aplicados en el caso, o la Procuraduría se conformará con declaraciones hechas bajo el temor de alcaldes y de otros funcionarios de ser involucrados en esa red ilegal de intercambio de favores? ¿Estará la Procuraduría dando seguimiento e indagando las denuncias penales que presentó el Frente Ciudadano Anticorrupción en contra de Enrique Flores, Oscar Bautista, J. Guadalupe Torres, Manuel Barrera Guillén, José de Jesús Martínez Loredo, Manuel Abraham Reindhart, Sandra Elizabeth Anguiano, Fernando Barrera Guillén y otros funcionarios del Congreso y de la ASE? ¿O en los hechos ya se dio carpetazo al asunto para hacer efectivo el pacto de impunidad entre miembros de la clase política potosina?
El gobierno estatal acaba de entregar al Congreso la iniciativa de Ley Orgánica para poner en funcionamiento la nueva Fiscalía General del Estado ─cuya creación fue aprobada por el Congreso desde el pasado 7 de julio─, que pronto será aprobada. Se anuncia con bombo y platillo la nueva y moderna estructura de una instancia que, hay que tener muy en cuenta, presenta un grave problema de origen ─lo mismo que la Fiscalía Anticorrupción─: su titular es colaborador y amigo del gobernador del estado, quien lo propuso en una terna a sabiendas de que él sería el elegido por los diputados. ¿Alguien puede creer que será una Fiscalía realmente Independiente? ¿Alguien puede tener la certeza de que, ahora sí se actuará con prontitud y se deslindarán responsabilidades en el caso de la Ecuación Corrupta y en tantos otros que desde hace un buen tiempo no han sido resueltos como el de La Noria de San José?
Por supuesto que al gobierno estatal, a los diputados de la legislatura en funciones – que seguramente están deseosos de terminar su gestión para sacudirse y dejar atrás ese incómodo asunto─ y a los involucrados directamente, les conviene que el tema de La Ecuación Corrupta se olvide, y uno de sus grandes aliados en este momento es el proceso electoral en curso, al que todavía le quedan cinco meses para que concluya todas sus etapas, incluidas las impugnaciones y las resoluciones de los tribunales electorales.
Pero a la que no se le debe olvidar es a la sociedad, que es la directamente agraviada. Dejar pasar estos hechos sin que sean castigados conforme a la ley no sólo daña el patrimonio común y la confianza en las instituciones, sino también la dignidad de los ciudadanos que han sido engañados por quienes dicen ser sus representantes y por supuestos servidores públicos.
Hay que refrescar la memoria y actuar, pero en masa, y no dejar esa lucha a unos cuantos ciudadanos.
¿De dónde pudo venir la inhabilitación de Xavier Nava?
En un grupo de WhatsApp de seguidores de Xavier Nava se ofrece una versión razonable de por dónde vino o quién pudo haber influido para que el INE decidiera anular la candidatura de Xavier Nava Palacios a la alcaldía de San Luis Potosí.
Resulta que el zacatecano Camerino Eleazar Márquez Madrid es el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el INE ─así aparece en el portal del organismos electoral─ y es al mismo tiempo compañero de fórmula de Ricardo Gallardo Cardona como suplente en la candidatura a la diputación plurinominal por la segunda circunscripción federal. Cuando al ex alcalde de Soledad lo bajaron como candidato a senador y lo volvieron a nombrar candidato a diputado federal, Camerino Márquez declaró, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que el cambio se debió a que Gallardo Cardona es uno de los activos políticos más importantes que tiene el PRD en la región Centro-Norte del país.
Los seguidores de Nava Palacios consideran que dada la posición privilegiada de Márquez Madrid en el INE, este personaje pudo haber influido de algún modo para que el organismo electoral decidiera la inhabilitación de Nava, contendiente nada menos que de Ricardo Gallardo Juárez.
