Antonio González Vázquez
El diputado local de ascendencia lópezobradorista, Pedro Carrizales va a contracorriente con la intención del presidente electo de mantener en las calles a marinos y militares agrupados en La Guardia Nacional. El legislador potosino dijo que la seguridad pública debe estar en manos de la policía.
La seguridad de los mexicanos debe estar a cargo de seguridad pública y no del ejército, advirtió ayer al anunciar que había presentado una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior, misma que en ese momento, según resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sido invalidada.
No obstante que la Guardia Nacional contará con elementos de las fuerzas militar y naval junto con agentes federales como anunció López Obrador, el diputado señaló que “las fuerzas armadas están preparadas para enfrentar a un enemigo”.
Aunque López Obrador ha pedido confiar en la Guardia Nacional como estrategia para enfrentar la grave situación de inseguridad que prevalece en el país, Carrizales Becerra aseguró que la presencia del ejército en las calles “debe darse solo en casos excepcionales”.
El presidente electo ha anunciado que el primero de diciembre arrancará la primera etapa la Guardia Civil Nacional.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por El Mijis (que ya resulta irrelevante porque la Corte ya eliminó la Ley de Seguridad Interior), advierte sobre los riesgos de que los militares realicen tareas de seguridad.
“De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) concentran el 27% de quejas por violaciones a Derechos Humanos a nivel nacional”.
También destaca “el incremento en el número de homicidios desde el 2007 desencadenado por la política pública del entonces Ejecutivo Federal, la cual se sustentaba en la movilización coordinada con las policías estatales y municipales, de la policía federal y fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) para hacer frente a los grupos del crimen organizado que se dedicaban principalmente al tráfico de narcóticos, medida que al día de hoy tiene vigencia y cuyas consecuencias materiales han sido graves y trascendentes en los sentidos más amplios”.
