Por Victoriano Martínez

En San Luis Potosí existen 30 Áreas Naturales Protegidas (ANP): 12 de carácter federal y 18 estatales.

Suman un total de 907 mil 601.26 hectáreas, sin contar los fragmentos de la Sierra de San Miguelito que el pasado 20 de septiembre decretó el gobierno de Juan Manuel Carreras López.

Con este decreto reciente son ya 920 mil 214 hectáreas de ANP por la Federación y el Estado. Un total de 31 ANP.

Pero nada se da por decreto y esas áreas tienen que ser protegidas… hasta de quienes están obligados a protegerlas.

El déficit de conciencia ecológica no sólo hace blanco de intereses comerciales de los grandes desarrolladores urbanos a las ANP, sino también de una negligencia cómplice desde las autoridades.

La Juez Octavo de Distrito emitió el pasado 14 de diciembre la resolución al amparo 30/2018-III, en la que se refleja claramente esa mala combinación de negligencia y desmedidos intereses por hacer negocio, aun en perjuicio de la preservación ecológica, con los riesgos que para la población eso implica.

La resolución ayuda a identificar que Ricardo Gallardo Juárez, a un mes de dejar el cargo como alcalde, actuó como el prototipo de los dos bandos: como autoridad negligente votó a favor de cambiar el uso de suelo a terrenos dentro de una ANP en la que, como particular, tiene intereses económicos.

La resolución del juez, en principio, desactiva esa aberración, aunque fue un tema emergente. Ordena revocar la autorización del cambio de uso de suelo.

Pero el tema principal del amparo 30/2018-III muestra que San Luis Potosí no está exento de nuevos casos como ese intento depredador de la gallardía.

El amparo lo promovió la organización Cambio de Ruta por dos omisiones.

  1. La de gestionar, motivar, tramitar, elaborar, realizar, publicar y ejecutar debidamente el plan y/o programa de manejo.
  2. La de publicar del resumen y plano de ubicación, previo levantamiento topográfico del área natural protegida de carácter local denominado “Paseo de la Presa” con una superficie de 344-02-30 hectáreas.

El Paseo de la Presa se decretó como ANP desde el 5 de junio de 1996. Poco más de 22 años después esa área sigue en riesgo por la negligencia de las autoridades estatales y municipales.

La determinación de la juez exhibe la ineficiencia de Carreras López a más de la mitad de su sexenio, y pone a prueba a la administración entrante de Xavier Nava Palacios.

Las autoridades estatales y municipales involucradas tendrán que emitir un plan o programa de manejo, hacerlo público y determinar las acciones necesarias para proteger el Paseo de la Presa.

De entrada, tendrán que delimitar el polígono de la ANP para evitar que haya nuevos atentados contra su preservación.

De paso, convendrá que el Ayuntamiento determine el estatus de esa área, porque bien podría tratarse de terrenos municipales.

La prueba para la administración de Nava Palacios resulta doble: hacer su parte en la preservación de un área ecológica y determinar si se trata del despojo de una propiedad municipal que, de serlo, estaría obligado a la defensa del patrimonio de los potosinos.

Y estamos hablando sólo de una de las 31 áreas naturales protegidas en el Estado… más las que ya tendrían que estar protegidas de a de veras.

Revoca Juez Federal cambio de uso de suelo a predio de Gallardo