Por Victoriano Martínez

Si bien es cierto que el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene muy poca credibilidad por situaciones como la ecuación corrupta, destapada en junio de 2017, es de sorprender que a pesar de eso prevalezca un monto de observaciones a las cuentas públicas municipales de tal magnitud que se impone la pregunta:

Si una ASE cuestionada por servir más a los intereses de lavar las cuentas públicas en una fiscalización simulada ha generado observaciones a los 58 ayuntamientos por más de 5 mil 250 millones de pesos en los últimos cinco años, ¿cuánto es lo que ha dejado pasar y no sólo a los ayuntamientos?

Sólo basta tener como estudio de caso el del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que justo en el año que se reveló la ecuación corrupta y que fue el de la revisión de la cuenta de 2016, la administración de Ricardo Gallardo Juárez resultó con cero observaciones.

Se trata del objetivo máximo de la transacción descrita por Enrique Flores Flores en el video publicado el 12 de junio de 2017: se paga un porcentaje de lo observado y la limpieza de la cuenta queda garantizada.

La suspicacia abre la sospecha de que se trató del resultado del efecto de la ecuación corrupta, sobre todo porque al año siguiente, en la cuenta de 2017, las observaciones a la administración gallardista fueron por 340 millones 577 mil 961 pesos. Como pliego de observaciones 272 millones 870 mil 964   pesos y como solicitudes de aclaración 67 millones 706 mil 997 pesos.

El trabajo que hoy presenta Astrolabio Diario Digital muestra que el manejo irregular de los ayuntamientos no es un problema ocasionado por las administraciones provenientes de un determinado partido. Todos dan origen a administraciones que cometen irregularidades.

Es necesario aclarar que estas cifras corresponden a los informes finales de auditoría, por lo que habría que considerar que la cifra que al final queda firme como irregularidad es menor en función de las solventaciones que logren los ayuntamientos señalados.

Pero el de las solventaciones se convierte en otro espacio de negociación del mismo estilo de la ecuación corrupta.

Negociaciones, tanto en el momento de la revisión como en el de las solventaciones, a las que es seguro que igualmente no escapen los responsables de las administraciones municipales provenientes de todos los partidos.

Negociaciones que no serían posibles si el trabajo de la ASE cumpliera con el imperativo de transparencia que impone la necesidad de que su labor resulte confiable como una medida, no sólo con ese fin, sino también para dar cumplimiento al octavo párrafo del artículo 54 de la Constitución Política del Estado que dice:

“La Auditoría Superior del Estado debe guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición”.

La disposición tiene dos momentos: la reserva en tanto la ASE realiza sus actuaciones y observaciones, y la apertura de sus actuaciones y observaciones a partir de que rinda sus informes ante el Congreso.

Para la primera, la ASE ha sido convenientemente estricta. Para la segunda tradicionalmente emite acuerdos de reserva ante solicitudes de información, es decir, infringe la disposición y, en consecuencia, los responsables tendrían que ser sancionados.

Pero más allá de las sanciones, el resultado es una ASE que trabaja en la conveniente opacidad para que puedan operar ecuaciones corruptas y demás mecanismos que no sólo desacreditan al sistema de fiscalización, sino que lo convierten en caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad.

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