Leticia Vaca

En el patio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), alumnas de la institución presentaron un posicionamiento que posteriormente entregaron en la oficina del rector para exigir a Manuel Fermín Villar Rubio que en lugar de criminalizar a quienes se manifestaron el pasado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Violencia en Contra de la Mujer, “se ponga más pilas” y actúe para poner fin a los casos de acoso dentro de la universidad.

“Queremos que se pongan las pilas respecto a los casos de acoso, que no cambie el foco de atención de lo que está sucediendo criminalizándonos como interesadas en este tema”, reclamó Olga Lucio una de las activistas.

El documento entregado, en el cual se piden acciones  de la Universidad, dijo, está respaldado por la firma de organizaciones civiles, asociaciones, periodistas, escritores, alumnos y defensores de los Derechos Humanos; “es un posicionamiento respaldado a nivel nacional e internacional, para el que obtuvimos el respaldo de 500 firmas”.

Entre las organizaciones  que las respaldan están, Apoyaré A.C, Ciudadanos Empoderados, Educación y Ciudadanía A. C (Educiac), Fundación  Benemérita Ponciano Arriaga, Mujeres Tejiendo Lazos. Así como alumnas de universidades de otros Estados de la República que también han sido víctimas de acoso sexual dentro de las instituciones educativas.

En cuanto a la denuncia que presentó la UASLP por las pintas que se hicieron al edificio central, reprochó que se esté dando respaldo a toda esa violencia que se ha dado, ”el punto central es recordar que el acoso dentro de la Universidad es una práctica sistemática y que el hecho  de que el rector se haya posicionado de esa manera sólo deja claro que las feministas no nos equivocamos porque no hay protección para las estudiantes hay protección para los maestros acosadores”.

Por lo que exigieron a las autoridades lo siguiente:

  • Que el Estado y sus instituciones cumplan la obligación de promover, respetar y
    garantizar los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de violencia y
    no contribuya a la criminalización de las luchas de las mujeres.
  • Cese al desvió mediático que enfatiza el daño al patrimonio público, pues
    desencadenó apologías de violencia contra las mujeres feministas, manifestantes
    de la 25N y distracción sobre el problema de acoso a universitarias en la UASLP.
  • Respeto a toda forma de expresión, identidad y libre asociación al interior de la
    UASLP con garantía de derechos humanos, estudiantiles y de las mujeres.
  • Alto a la criminalización, acoso, hostigamiento de colectivas y activistas feministas,
    dentro y fuera de la universidad.
  • Revisión de los protocolos y mecanismos para que las estrategias de seguridad y
    vigilancia al interior de la universidad se implementen con perspectiva de derechos
    humanos, género y no criminalización de las juventudes universitarias.
  • Seguimiento y resolución inmediata, desde una perspectiva de género y en
    reconocimiento de la relación de poder que media estas situaciones, a los casos
    de acosos denunciados por las mujeres estudiantes de la UASLP, así como la
    garantía de no repetición.
  • Investigación y sanción correspondiente a los casos de alumnos y personal
    administrativo denunciados por acoso sexual.
  • Realizar una revisión y reestructuración de planes curriculares, protocolos y
    estatutos universitarios desde una perspectiva de género y derechos humanos.
  • Garantizar la paridad en la elección de la planta docente y administrativa de la
    UASLP.
  • Revocación laboral para el profesorado que incite en horas clase, a la apología de
    la violencia de género, trata, explotación de cuerpos en el comercio sexual y
    feminicidio contra las mujeres.
  • Promover las reformas legislativas necesarias para que las conductas de
    hostigamiento y acoso sexual sean investigadas de oficio cuando se trate de
    mujeres mayores de edad.
  • El desistimiento de la querella interpuesta ante la Fiscalía General del Estado que
    criminaliza a quienes han sido partícipes de la movilización del 25 de noviembre.

“Nos sumamos y respaldamos las peticiones que de este documento emanan, nos solidarizamos con las causas y hacemos un enérgico llamado a la no criminalización de la lucha por los derechos de las mujeres. Somos eco de los reclamos de las familias de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio. Gritamos también por justicia, así como lo hicieron y lo han hecho durante el 25 de noviembre la familia de Odalis Hipólito y otras mujeres que el Estado intenta borrar y olvidar”, sentenció Olga Lucio.

El documento, además, está dirigido a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero; a la encargada del Observatorio Universitario de Equidad y Género, Diana Elvira Flores Palomo; al fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera; al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, entre otros, incluido el arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero.