Por Alejandro Rubín de Celis

En la historia moderna de México, los órganos internos de control de los distintos órdenes de gobierno han servido de muy poco para evitar la corrupción gubernamental y para que funcionarios de alto nivel vayan a la cárcel cuando cometen delitos de carácter penal, no se diga cuando se trata de quienes encabezan el gobierno federal, el estatal o los ayuntamientos. Lo más lejos que llegan es a denunciar a mandos medios por la comisión de delitos regularmente de orden administrativo que sólo ameritan multas y sólo en algunos casos pena corporal.    

Al menos en los últimos 50 años no se recuerda un caso en el que una contraloría interna integre un expediente y lo remita ante la autoridad correspondiente por actos de corrupción de un presidente de la república, un gobernador o un presidente municipal. La impunidad que ofrecen las contralorías es la mejor garantía que los regímenes políticos del país han dado a esa clase privilegiada de funcionarios para que violenten la ley sin ser sancionados, salvo casos excepcionales en los que la corrupción se desborda a tal grado que es imposible ocultarla.

El problema es estructural puesto que las contralorías internas son órganos dependientes de los poderes ejecutivos o de las presidencias municipales y sus titulares son nombrados por el presidente, el gobernador o el alcalde, a quienes le deben lealtad absoluta si es que quieren conservar el puesto y en escenarios futuros seguir viviendo del presupuesto público. Un caso emblemático de la impunidad garantizada que tienen estos personajes gracias a esa insana dependencia lo representa el perdón que otorgó el ex titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, al presidente Enrique Peña Nieto por el asunto de la Casa Blanca, cuyas irregularidades fueron ampliamente documentadas por la prensa.          

Pero al alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez le pasó algo inusual. Resulta que la anterior legislatura del estado modificó la Ley Orgánica del Municipio Libre para que fuera la primera minoría del Cabildo la que propusiera al contralor (a fin de que fungiera como un contrapeso) y fue así que los regidores del PAN le impusieron a Enrique Alfonso Obregón, a quién propusieron como contralor “ciudadano” sin saber que había participado en gobiernos priistas y en la campaña para gobernador de Juan Manuel Carreras López. Inconforme por no poder designar a alguien de su entera confianza, Gallardo promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el argumento de que la reforma violentaba la autonomía municipal que les otorga a los ayuntamientos el artículo 115 constitucional.  La SCJN le dio la razón y la reforma fue declarada inconstitucional en mayo pasado, lo que le devolvió al alcalde la facultad para nombrar al contralor municipal.

Ricardo Gallardo pudo haber quitado a Enrique Alfonso Obregón para poner en su lugar a alguien de su confianza, pero no lo hizo. Aunque Obregón fue propuesto por el PAN y eso que era proclive al PRI, en un año y ocho meses ya había dado muestras suficientes de su lealtad a la administración municipal en turno y por eso  Gallardo lo ratificó.

Prácticamente no hay movimiento financiero importante que no pase por la revisión de la contraloría municipal. ¿Por qué Enrique Alonso Obregón no denunció a Gallardo y sus cómplices por el pago irregular de 34 millones de pesos a Sandra Sánchez Ruiz por la supuesta compra de medicamentos para personal de confianza del ayuntamiento? Tan sospechoso y opaco fue el pago que funcionarios municipales no pudieron comprobar la legalidad de la compra y en cambio entregaron documentos incompletos y alterados en respuesta a una solicitud de información pública presentada por Astrolabio Diario Digital. La Auditoría Superior del Estado eliminó del pliego original de observaciones de la Cuenta Pública 2015 del ayuntamiento  33.9 millones de pesos. ¿Lo hicieron para borrar las anomalías en la compra de medicamentos? ¿Qué papel jugó Obregón en esa maniobra además de la visita de tres diputados al auditor José de Jesús Martínez Loredo que derivó en la modificación al pliego de observaciones? ¿Qué papel jugó para que la Cuenta Pública 2016 saliera sin observación alguna?

La falta de transparencia es una constante en la administración del alcalde Ricardo Gallardo y el papel que desempeña el contralor interno es de eminente complicidad para tapar los manejos financieros dudosos que hace el alcalde. ¿Por qué Gallardo no ha querido transparentar los gastos que ha hecho el ayuntamiento en las dos ediciones del Festival de la Cantera? ¿De dónde salen las decenas de millones de pesos para entregar toda clase de dádivas que rebasan por mucho los montos de algunas partidas presupuestales destinadas a ayudas sociales? ¿Por qué el contralor no ha presentado denuncias por estos actos de opacidad y por estos excesos en el manejo de los recursos públicos? ¿Por qué no denunció a Gallardo por conflicto de intereses cuando éste anunció que adquiriría material en una de sus empresas para la realización de obras municipales?   

Pero el trabajo sucio que realiza Enrique Alonso Obregón no se limita a limpiar internamente las finanzas municipales, también le permite al alcalde gastar a manos llenas en la promoción de su imagen a través de los medios de comunicación en donde todos los días se publica propaganda de sus acciones. En 2016, de un presupuesto aprobado por 23 millones de pesos para difusión por radio, televisión y otros medios, se gastaron 38 millones 929 mil pesos. El artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece como obligación del contralor “fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el presupuesto de egresos”.

En meses recientes, para distraer a la opinión pública sobre el oscuro manejo del erario municipal y las ocultas intenciones de Gallardo de aprobar una modificación al contrato original del ayuntamiento con Panavi (que finalmente naufragó por la presión ciudadana), Obregón se ha dedicado a presentar ante el Congreso del Estado denuncias por presuntos malos manejos financieros en la administración del ex alcalde Mario García Valdez.

Mientras el nombramiento del contralor interno de los ayuntamientos siga siendo facultad de los alcaldes no habrá transparencia en el manejo del patrimonio municipal y el contralor seguirá sirviendo a los intereses del presidente en turno. Se requiere promover una reforma constitucional que dé cabida a la construcción de un mecanismo de control y vigilancia auténticamente ciudadano respecto del quehacer municipal, o de participación social en el nombramiento del contralor municipal para que sea realmente independiente en sus decisiones.  

Por ahora y con todo el apoyo de Enrique Alonso Obregón, Ricardo Gallardo seguirá haciendo de las suyas si la sociedad se lo permite.

 

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