Exigen información sobre reposición de cuentas públicas 2016 y del proceso de elección del auditor superior

Por Antonio González Vázquez

La parálisis que impera en la Comisión del Congreso del Estado que ha dejado correr ya dos meses sin emitir la convocatoria pública para la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, va en detrimento del proceso de auditorías a las cuentas públicas 2017 y pone en riesgo la viabilidad de realizar la reposición de las auditorías correspondientes a 2016, advirtió el Movimiento Ciudadano a través de la diputada Lucila Nava.

En un comunicado de prensa, la legisladora informó que ha solicitado que se presente un informe del avance que se tiene de la reposición de las auditorías 2016, así como de la elaboración de la convocatoria para elegir al auditor superior.

Ante la falta de información y la ausencia de datos precisos; considerando el tiempo transcurrido desde la renuncia del Auditor y la no aprobación de los informes de auditoría por parte del pleno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, pidió a la Junta de Coordinación Política, que en uso de sus atribución solicite a la Comisión de Vigilancia la siguiente información:

La fecha en la que será emitida la convocatoria para la selección de Auditor(a) Superior del Estado; el avance que guardan las auditorías por el ejercicio fiscal 2016 de los Ayuntamientos y entes públicos y el Informe de la Contraloría Interna de la Auditoría, respecto de los procedimientos de liquidación de funcionarios de esa entidad, y si estos fueron apegados a derecho; y en su caso, de procedimientos de responsabilidad iniciados.

Indicó que aunque estos temas son responsabilidad primaria de la Comisión de Vigilancia, también es del interés y de la responsabilidad de todos los Diputados que integran la Legislatura que esos temas sean atendidos con eficiencia y eficacia, sobre todo en los supuestos de omisiones que impliquen incumplimiento de obligaciones de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recordó que de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, corresponde a la Comisión de Vigilancia coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado, y constituir el enlace que garantice la coordinación entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, debiendo contar con el informe permanente de la evolución de los trabajos a cargo de esta.

Asimismo hizo hincapié en que corresponde a la Comisión de Vigilancia, informar en forma permanente al Congreso o a la Diputación permanente, sobre las actividades de vigilancia que le competen a la Auditoría.

“El Auditor Superior del Estado, presentó su renuncia desde el 16 de junio de este año, es decir, hace casi dos meses. Sin embargo, hasta este momento no existe la necesaria convocatoria para la selección y nombramiento de quien deba de ocupar ese cargo”; enfatizó.

Dijo que el proceso de selección de acuerdo con la ley, ocupará por lo menos 38 días naturales, es decir si la convocatoria se publicará el 15 de agosto, el Congreso podría nombrar al o a la Auditora Superior del Estado el 22 de septiembre, en el mejor de los casos.

“Como es de todos conocido, los dictámenes de las cuentas públicas de los entes auditables por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, fueron devueltos a la Auditoría, la que debe de reponerlos, ponerlos a consideración de la Comisión de Vigilancia y posteriormente a la del Pleno del Congreso. Sin embargo, hasta esta fecha nada se nos ha informado respecto del estado que guarda esa labor”; enfatizó

Asimismo dijo que existe la inconformidad expresada en medios de comunicación con respecto de los importes de liquidaciones que recibieron quienes fueron funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, y que dejaron su cargo por la renuncia del Auditor Superior.

Al respecto, consideró necesario que la Contralora Interna de esa Auditoría, rinda un informe pormenorizado respecto de las auditorías administrativas que debió de haber realizado a la fecha, informe del que se desprenda si las liquidaciones pagadas fueron o no apegadas a derecho.

 

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