Alejandro Rubín de Celis

De verdad que ni la burla perdonan. Un año de supuesta investigación para que al final la Fiscalía General del Estado (FGE) decidiera enviar el expediente de Ricardo Gallardo Juárez, relacionado con la compra de medicamentos a la fantasmal Sandra Sánchez Ruiz,  a la Fiscalía General de la República (FGR).

La ironía de festejar un año con pastel y mariachi desde que el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) presentó la denuncia con el apoyo de más de 400 firmas de ciudadanos, ya ponía en relieve el grado de ineficacia e ineficiencia de la autoridad investigadora del delito, cuando en paralelo la Visitaduría General anunció, para sorpresa de todos, que no hay delito que perseguir a nivel local contra el ex alcalde y que el asunto se transfiere al ámbito federal.

La forma burda como el Ministerio Público local se lavó las manos al señalar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) le avisó de último momento que no hubo irregularidades en la compra de medicamentos, ofende profundamente la dignidad y la inteligencia de los potosinos y abona a incrementar las sospechas de un encubrimiento desde la mismísima autoridad encargada de procurar justicia y desde la cabeza del Poder Ejecutivo, ante una denuncia de anomalías bien documentada desde la prensa y la sociedad civil.

Salir después de un año con que de nada sirvió la averiguación abierta por la Fiscalía ─antes Procuraduría­─ ni las pruebas ─entre ellas documentos oficiales─ que presentó el FCA y que previamente se publicaron en medios informativos, es querer verle la cara a unos ciudadanos que están hartos de argucias y mentiras y que muy difícilmente le pueden creer.

Los “avances” en la investigación que reportaba la autoridad no eran otra cosa que gestiones para obtener documentos e información de parte de la ASE y de la administración municipal anterior, que éstas nunca accedieron a entregarle.

Como autoridad con facultades para investigar posibles delitos de carácter penal, la Fiscalía General y sus apéndices, la Fiscalía Anticorrupción y la Visitaduría General, fueron incapaces, en 12 meses, de exigir a la ASE y a la anterior administración municipal la entrega de los documentos que requerían para integrar y profundizar en las pesquisas, y ahora, sin empacho alguno, se acomodan a la versión del órgano fiscalizador de que no hay delito que perseguir y que por eso se decidió turnar el expediente a la autoridad federal. Bueno, ni siquiera pudieron llevar a comparecer al exalcalde Ricardo Gallardo Juárez bajo el argumento de que no les permitían entrar a la privada donde vive para entregar el citatorio.

La FGE y sus apéndices acudieron a un organismo fiscalizador muy cuestionado que de antemano había resuelto y dado a conocer que no había observaciones a las Cuentas Públicas 2015 y 2016 por el asunto de los medicamentos, y que incluso la de 2016 salió con cero observaciones ─dejando enormes dudas en la opinión pública─. A pesar de ello, insistieron y ahora se quejan acremente porque pidieron informes sobre el pago de los medicamentos que la Auditoría nunca les quiso entregar.

¿De nada sirvieron entonces las facturas oficiales que publicó la prensa fechadas meses después de haberse hecho los pagos a la fantasmagórica Sandra Sánchez Ruiz, ni otras pruebas de opacidad e incongruencia de las autoridades municipales que presentó el Frente Ciudadano Anticorrupción a nombre de más de 400 ciudadanos? ¿Quiere decir que las denuncias presentadas por ciudadanos, aunque estén documentadas con pruebas contundentes, no valen de nada para la autoridad?

En cierto modo ─y ante las muestras de incompetencia de la autoridad local─ es preferible que el expediente del caso Sandra Sánchez Ruiz lo desahogue la Fiscalía General de la República que, con el cambio de régimen, puede hacer una investigación al margen de posibles complicidades. Sin embargo, son tan profundos algunos de los muchos asuntos que tiene que atender (Ayotzinapa, Odebrecht y la Estafa Maestra, entre otros), que posiblemente se lleve meses en resolverlo, y más si la administración municipal en turno se tarda más tiempo en presentar la denuncia correspondiente.

No quedaría de más que la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí deje bien claro si en la supuesta compra de medicinas sólo se trató de fondos federales o si también se gastaron recursos públicos estatales o municipales. Esa instancia debe tener la información para precisarlo.

Tampoco estaría de más que el FCA y otras organizaciones civiles y activistas ─a las que pueden y deberían sumarse más ciudadanos de a pie como un deber cívico─ exigieran a la autoridad federal que inicie una averiguación sobre la sospechosa ausencia de observaciones a la Cuenta Pública 2016 y sobre la resistencia que, según la Fiscalía local, mostró la ASE para entregar la documentación que le fue requerida, para que, en su caso, se deslinden responsabilidades.

Queda pendiente en el ámbito local otra demanda relativa al presunto enriquecimiento ilícito del ex alcalde y su familia por la vía inmobiliaria, de la que hay mucha tela de donde cortar y en relación a la cual la Fiscalía cuenta con documentos aportados por el FCA y por ciudadanos, también desde hace un año, a pesar de lo cual nada se sabe sobre el avance de la investigación.

Se trata de un vertiginoso enriquecimiento del clan Gallardo ─incluidos padre, hijo, esposas y otros parientes­─ a partir de 2009 cuando Ricardo Gallardo Juárez se incorporó a la administración pública, que suma propiedades inmobiliarias con un valor superior a los 100 millones de pesos.

La presión social y periodística de medios independientes para que el caso de los medicamentos y el de presumible enriquecimiento ilícito de los Gallardo se resuelva conforme a derecho ─por no decir que no quede impune, por aquello del debido proceso─,  tienen que estar presente en la agenda pública hasta lograr que se haga justicia.

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