Por Victoriano Martínez

La falta de entendimiento entre las autoridades estatales y los representantes de la plataforma UBER muestra tintes de tal volubilidad desde la parte oficial, que se han colocado en una posición en la que tendría que actuar contra ella misma.

Las escenas, en la carretera 57, de lo que pudo haber terminado en una batalla campal con un saldo grave –aún más que los siete lesionados y un detenido que se informa dejó el enfrentamiento–, ante una presencia policíaca anulada por taxistas envalentonados, es el reflejo de las acciones contradictorias por parte de las autoridades frente a UBER.

Si se tratara solamente de dos grupos en conflicto, por un lado los taxistas y por el otro los conductores de UBER, por las rencillas de la competencia por el pasaje, la tibieza de la intervención policíaca pasaría como una simple negligencia en su capacidad de contención.

El contexto en el que se da es el que aporta elementos que, si bien podrían ser de sospechosismo, abren dudas sobre lo que representa esa tibieza.

La concentración de trabajadores de UBER tenía como finalidad trasladarse a la Casa de Gobierno a protestar por el decomiso de 70 unidades por semana en promedio.

Los frustrados manifestantes acusan a los beligerantes taxistas de sabotear su movilización por encargo del propio gobernador Juan Manuel Carreras López. “Los guardaespaldas de Carreras”, era la forma en que definían los choferes de UBER a los taxistas de la agrupación “Extraditables”.

La beligerancia de los taxistas tolerada por los policías es señalada como parte de la complicidad para impedir que se molestara al gobernador con una manifestación. Una beligerancia delincuencial.

A través de su cuenta de Facebook, UBER Oficial San Luis Potosí, los conductores de la plataforma agredidos informaron de la presentación de una demanda en contra de los conductores de 40 taxis identificados por su número económico, a quienes acusan por lesiones y daño en las cosas por la destrucción de cuatro carros y tres lesionados, uno de gravedad.

Para la gente de UBER, los taxistas están al servicio del gobernador. Tres de cada 10 taxistas señalados manejan un taxi cuya concesión fue otorgara el 6 de junio de 2017, es decir, son concesionarios favorecidos por Carreras López.

Los señalamientos por parte de la gente de UBER no sólo apuntan a actos delincuenciales por parte de los taxistas, sino a que son solapados y hasta patrocinados por la propia autoridad, en lo que representaría incluso un atentado a la libertad de manifestación, que fue el resultado final de la reyerta.

La predisposición de Carreras López con UBER queda de manifiesto, incluso, con la confusión en la que donde el ve una demanda, UBER aclara que se trata de una solicitud de juicio de amparo.

Actitudes que contrastan con el anuncio, apenas diez días antes, de una alianza entre Fiscalía General del Estado y Uber México para trabajar en temas de seguridad, por la que, desde la plataforma, se brindaría información que contribuya a la apertura o seguimiento de líneas de investigación.

Los señalamientos tras el enfrentamiento de ayer aportan ya una línea de investigación para que la Fiscalía encuadre conductas con apariencia de delito no sólo entre los taxistas, sino con un hilo que llevaría hacia los dueños de las concesiones, los funcionarios tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la de Comunicaciones y Transportes, y hasta el propio Carreras López.

Así de paradójica resulta la relación de la autoridad con UBER. Lo cierto es que los enfrentamientos de este jueves exigen de la Fiscalía agotar todas las líneas de investigación, incluida en primer término la que apunta a quien salió ganando al ahorrarse una protesta frente a la Casa de Gobierno.