Por Alejandro Rubín de Celis
- Las elecciones del año próximo podrían costar oficialmente hasta 12 mil millones de pesos.
- En los primeros 18 años del siglo XXI, se habrán entregado a los partidos 26 mil millones de pesos tan solo en años de elecciones federales.
En esta coyuntura en la que los partidos políticos gozan del nivel más alto de desprestigio entre los mexicanos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un financiamiento público a los partidos políticos para el 2018 de 6 mil 788 millones de pesos, cantidad superior a todo el presupuesto que se destinará este año en salud a grupos vulnerables del país y que asciende a 5 mil 942 millones de pesos.
Es inconcebible que unos partidos políticos que cada vez están más distanciados de la sociedad reciban semejante cantidad de dinero en un país donde el 53 por ciento de sus habitantes es pobre y en el que existen tantas carencias en educación, salud, alimentación, infraestructura y en oportunidades para el desarrollo.
Monto del financiamiento público por partido político para el 2018
Imagen tomada del micro sitio Central Electoral del INE
Pero este presupuesto tiene una explicación a la luz de los intereses de los propios partidos políticos y de un régimen que se ha caracterizado por sus altos grados de corrupción e impunidad. Con excepción del período 1997-2003 en que el desaparecido IFE fue un órgano ciudadanizado que facilitó la alternancia en el año 2000, a partir del 2003 el dinero público ha sido el gran catalizador de un sistema de partidos que están más interesados en ver cuánto les toca cada año, que en atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.
Este ofensivo presupuesto de 6 mil 788 millones de pesos, que incluye actividades ordinarias y de campaña para las elecciones federales del año próximo (y que podría alcanzar los 12 mil millones de pesos con la suma del presupuesto que se otorga a los partidos para las elecciones estatales, sin contar un financiamiento ilegal proveniente de grupos empresariales, de la delincuencia organizada y del desvío de recursos de gobiernos en sus distintos niveles, que podría duplicar y hasta cuadruplicar el gasto en las elecciones, según algunos especialistas) pudo haberse evitado si el Congreso de la Unión hubiese atendido algunas de las 23 propuestas que al menos se presentaron en las cámaras de Diputados y Senadores (compuestas por representantes de los partidos) para cambiar la fórmula que contiene la Constitución mexicana en el tema de las prerrogativas a los institutos políticos. Pero ha llegado a tal grado la ambición de reunir la mayor cantidad de recursos públicos para aceitar sus maquinarias, que la mayoría de los partidos rechazó todas esas iniciativas.
Entre ellas estaba la del diputado independiente Pedro Kumamoto conocida como “#SinVotoNoHayDinero” que consiste en definir la fórmula en función de la votación total emitida y no de la totalidad del padrón electoral y que podría reducir el financiamiento en más de 2 mil millones de pesos. Con apoyo de otros actores políticos, este legislador logró que esta iniciativa se aprobara en el Congreso de Jalisco pero no a nivel federal.
Otra expresión clara de que los partidos no están dispuestos a perder sus privilegios es el irrisorio monto que destinaron a las candidaturas independientes: 42 millones 960 mil pesos a repartirse entre todos los aspirantes sin partido a diputados federales, senadores y presidente de la República. ¿Alguien podría creer que se puede competir cuando por cada peso que reciba un candidato independiente, un aspirante de partido recibirá 157? La maniobra insulta la inteligencia de los mexicanos.
La incongruencia en este modelo de financiamiento es clara: A mayor rechazo ciudadano, mayores recursos a los partidos políticos, cuando debería ser al revés. El rechazo cada vez mayor de la población hacia los partidos ha quedado de manifiesto en diversas encuestas en años recientes. Según el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2015, elaborado por el INE con la colaboración del Colegio de México, los partidos políticos son de las entidades más desprestigiadas del país. Ocupan el penúltimo lugar en el nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional sólo superados por los diputados.
Resulta imperativo modificar el sistema de financiamiento a los partidos. Un país como México con altos niveles de pobreza y desigualdad no se puede dar el lujo de seguir subvencionando a los partidos políticos que para colmo se alejan cada vez más de la sociedad. Los 26 mil millones de pesos que se habrán gastado de 2000 a 2018 habrían ayudado enormemente a paliar los grandes rezagos sociales de México.
Es tiempo de hacer una revisión a fondo de este modelo, de modificar la Constitución y de buscar esquemas que hagan equitativa la competencia electoral (que incluya las candidaturas independientes que hoy son una opción importante para la sociedad) sin entregar carretadas de dinero a unas organizaciones políticas que no le sirven a la sociedad y que sólo ven por sus intereses. Y una buena opción es regresar al esquema en el que militantes y simpatizantes son quienes sostienen con sus aportaciones la operación cotidiana y las campañas de los partidos.
