Historias Paralelas: De tribulaciones y Tribunales

Octavio César Mendoza

Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó el bumerang de Félix Salgado Macedonio por parte del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) para reconsiderar la viabilidad de su candidatura al Gobierno del Estado de Guerrero por MORENA, asomaron con claridad los talantes de cada uno de los consejeros que integran el organismo electoral, así como sus filias y fobias políticas, y sus intereses personalísimos en torno a los entresijos del poder.

Llamó mi atención, particularmente, la encendida defensa que el consejero potosino Martín Faz Mora hizo del Derecho Constitucional del ciudadano Salgado Macedonio a votar y ser votado, y la excesiva sanción impuesta por el INE, según su punto de vista, así como su negativa tajante a retirar la candidatura al controvertido político guerrerense. Y aún más porque en San Luis Potosí se “cocinaba” una truculenta historia paralela.

Como si de defender al mismísimo Presidente de la República se tratase, Martín Faz se convirtió en la antípoda del consejero presidente Lorenzo Córdova, quien a su vez parecía ser el más férreo defensor no de la institucionalidad y de la Ley, sino de la oposición a la Cuarta Transformación, el PRIAN. Todo parecía confirmar el talante libertario del consejero Faz, y el carácter conservador del consejero presidente Córdova.

Finalmente, con seis votos a favor y cinco en contra, el INE ratificó su negativa a que el repudiado político guerrerense tuviese un espacio en la boleta electoral. Este saldo dividido tuvo un tufo de riña ontológica cuando los consejeros expusieron sus argumentos en torno al sentido de su voto, los cuales fueron tan razonables los unos como los otros. Sin embargo, Lorenzo Córdova fue quien tenía ese “voto de calidad” que definió las cosas.

Por sus muchas cualidades intelectuales y su vasto conocimiento de los tejemanejes electorales, el asesor personal de Martín Faz en el INE es Héctor Avilés, quien renunció a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) en San Luis Potosí, para dedicarse a esa interesantísima tarea encomendada por el igualmente flamante consejero del organismo electoral supremo de nuestro País.

Héctor Avilés, a su vez, está casado con la hoy magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Denisse Porras, quien ayer firmó la sentencia condenatoria que “saca” de la contienda por la reelección como Presidente Municipal de San Luis Potosí por MORENA a Xavier Nava Palacios, lo cual festinaron gallardistas y prianistas con fuegos artificiales que brillan más al ascender en el oscuro oscuro cielo de su pacto fifty-fifty firmado desde hace un mes.

Bajo el argumento de que Xavier Nava, al haber sido electo por el PAN como Presidente Municipal y al haber pretendido alcanzar la candidatura al Gobierno del Estado por dicho partido, había hecho “aportaciones” que invalidan su candidatura por Ley, la magistrada Porras ordenó a MORENA que buscara un candidato suplente a la brevedad, en menos de 24 horas, porque así lo instruye la Ley Electoral local y porque ya no hay de otra.

De acuerdo a la defensa del consejero Faz en torno a la candidatura del morenista Salgado, sí hay de otra: se llama derecho constitucional a votar y ser votado; derecho que el consejero Faz defendió casi a muerte en el INE, pero que la magistrada Porras no comparte. ¿Será que la actuación del consejero Faz en el INE fue eso: una escena teatral para emitir un mensaje de lealtad al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación?

El golpe a la democracia asestado en San Luis Potosí el día de ayer, no hace sino encender las alarmas acerca de quiénes ostentan el arbitrio electoral, y cuáles son sus intereses y motivaciones a la hora de determinar si alguien tiene o no derecho a votar y ser votado. Entre la algarabía y el jolgorio de los adversarios de Xavier Nava, ayer mismo se dejó correr la versión de que la gallardía tiene excelentes aliados electorales desde hace algunos años.

Si la suerte está echada (“aunque lanzado en circunstancias eternas desde el fondo de un naufragio, un golpe de dados nunca abolirá el azar”) Xavier Nava se habrá convertido en lo que anhelaban él mismo y el neonavismo: ser portavoz y estandarte del nuevo significado del ideal cívico-democrático bajo la consigna de “¡La lucha sigue!”, y alzarse contra las decisiones antidemocráticas de un Tribunal Electoral más que quisquilloso, absolutista.

Si la decisión no cambia (“cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí”) se habrá despertado en muchos ciudadanos un resentimiento monstruoso que los potosinos creíamos soterrado: el de elegir libremente a nuestros gobernantes. ¿A qué temen los antidemócratas? A la democracia no dirigida, que es un ente sociológico que no se puede controlar sino con argucias legaloides y confecciones de flagrancias electorales a la medida.

En dado caso, no existe Ley que prohíba que Xavier Nava recorra todo el municipio potosino acompañando a su eventual relevo y su planilla, y llamando a la resistencia civil contra los poderes fácticos constituidos en esta era de la posverdad potosina, que van desde el “gallardismo” y el “prianismo” hasta los tribunales y organismos electorales, la oligarquía y su representación retórica en el sello de ciertos medios de comunicación.

Muchos de los que ayer lucharon por la democracia, hoy celebran que esta se haya convertido en un derecho selectivo desde los nuevos poderes fácticos. La demolición de las instituciones electorales no viene de impresentables como Salgado Macedonio, sino de las entrañas mismas del negocio electoral, que ha sido tomado por familias y clanes a forma de corporativos atentos a los deseos del mejor postor.

Así como las dirigencias de los partidos, que venden candidaturas y hasta ponen en servilletas de papel el costo de las mismas bajo los siguientes tabuladores: un millón de pesos por una diputación local, dos millones de pesos por una diputación federal, tres millones de pesos por una presidencia municipal “chiquita” y hasta veinte millones de pesos por una “grande”, y cincuenta millones de pesos por una gubernatura.

Algo que no tiene precio, sin embargo, es la dignidad.

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