Inacción gubernamental que favorece la inseguridad

Por Victoriano Martínez

La sensación de inseguridad invade, desde hace años, a más de ocho de cada diez potosinos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se trata del efecto de una situación que no sólo es producto de la acción de los delincuentes con sus actos criminales, sino que también contribuye –y con mucho– la inacción de las autoridades para el combate al crimen.

El aumento en el índice delictivo no sólo queda retratado en las estadísticas sobre los delitos denunciados ante la autoridad, sino en el comentario entre particulares al grado que difícilmente habrá quien no conozca de un caso de víctimas de algún delito entre alguien cercano.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha desarrollado, desde hace un año, un indicador que llama #MásSeguridad, que mide el porcentaje de sus empresas afiliadas que han sido víctimas del delito en el último año.

En febrero de 2018, el 34 por ciento de las empresas potosinas reportó haber sido víctima de un delito en el último año. Para marzo de este año, ese porcentaje se incrementó a 64.3 por ciento.

En un año se duplicó el porcentaje de empresas víctimas de un delito.

Que el 66 por ciento de los empresarios, en el indicador #MarcajeAMiGobierno de COPARMEX, consideren que el gobernador Juan Manuel Carreras López no está cumpliendo con el trabajo para el cuál fue electo no resulta gratuito.

Pero no sólo esa inacción de la autoridad contribuye a generar la sensación de inseguridad entre la población.

El dato que revela el reporte de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal al 28 de febrero de 2019, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el control de confianza aporta su parte.

Para el caso de San Luis Potosí, el resultado podría definirse así: si usted se encuentra con dos policías, es muy posible que uno de ellos no cuenta con certificación de haber aprobado los exámenes de control de confianza.

Si uno de cada dos policías no cuenta con la aprobación vigente en las pruebas de control de confianza (sólo el 51 por ciento la tiene), ¿por qué habría de sentirse segura la ciudadanía si no hay certeza de que la mitad de las corporaciones policíacas sea confiable en su propio esquema de evaluación?

Aún si a todos los policías (84 por ciento) que resultaron con calificación aprobatoria en los últimos exámenes se les expidiera su certificación de aprobación vigente, ¿quién le garantiza a cualquier ciudadano que tenga un encuentro con la policía que no le va a tocar uno de los que forman parte del 15 por ciento abiertamente reprobado y aun así se mantiene en activo?

La delincuencia pone la parte activa que genera la sensación de inseguridad, pero la autoridad no se queda atrás al contribuir con una pasividad que constituye el indeseable complemento para el crecimiento y proliferación de la criminalidad.

Con autoridades que sólo están para simular, no sólo se incrementará la sensación de inseguridad, sino que –al paso que va– pronto el cien por ciento de las empresas habrá sido víctima de un delito. O lo que sería peor, el cien por ciento de los potosinos… con excepción de quienes cuentan con escoltas con cargo al erario, claro.

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