Justicia para Karla y su familia

Justicia para Karla y su familia

Alejandro Rubín de Celis

El caso de Karla Pontigo Lucciotto es paradigmático porque revela en toda su expresión la ausencia de Estado de Derecho, la negligencia gubernamental, la complicidad e impunidad que priva en los círculos del poder político y económico, y la vulnerabilidad creciente que ha acompañado a las mujeres víctimas de violencia de género durante décadas en San Luis Potosí y en todo México.

Se acaban de cumplir seis años de su fallecimiento y es tiempo que no se hace justicia sobre un caso en el que se han mostrado múltiples pruebas de un posible feminicidio y no hay autoridad, no sólo en la entidad, sino en el país, que puede ─ ¿o quiera?─ resolverlo con apego a la legalidad.

La muerte de esta joven, entonces de 22 años de edad, representa una profunda ofensa para su familia que no ha podido encontrar paz y consuelo en todos estos años, y una afrenta para la sociedad en su conjunto ─por éste y muchos otros casos de violencia de género─ que exige acabar con la impunidad en los casos de feminicidios que día a día crecen en todo el país.

Karla falleció entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de octubre de 2012 en el negocio denominado Play Club propiedad de una familia de apellido Vasilakos, cuyo encargado Jorge Vasilakos fue denunciado por familiares y por su pareja como acosador sexual de Karla durante su estancia como edecán de ese lugar.

En una averiguación plagada de irregularidades, en la que no se siguieron los debidos protocolos de investigación y en la que incluso se alteró la escena donde murió la joven, el Ministerio Público y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinaron que se trató de una muerte accidental debido a que Karla se estrelló con una puerta de cristal situada en el segundo piso del bar Play, hecho que presuntamente le provocó heridas mortales.

Pero su madre y su hermano, que la vieron minutos después de su fallecimiento declararon que la joven presentaba marcas de dedos en su garganta, moretones en algunas partes del cuerpo y hasta alguna huella de presunta agresión sexual, lo que puso en entredicho la versión de las autoridades y motivó que, en 2015, el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Han pasado tres años desde entonces y el máximo tribunal del país ha sido incapaz de resolver el caso, no obstante que hay ocho funcionarios presuntamente responsables de obstruir las indagatorias de la PGJE, que la Corte ha recabado toda la información de los expedientes respectivos, y de que es un órgano del Estado mexicano que cuenta con todos los recursos económicos, humanos, técnicos y materiales para poder dilucidar qué fue lo que realmente sucedió. ¿Cómo es que a estas alturas no haya emitido una resolución sobre este paradigmático suceso? Y lo peor es que los familiares de Karla no pueden acudir a instancias internacionales como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ─que podría llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos─ porque primero se debe agotar la última instancia nacional que es la SCJN.

El caso ha tenido tal resonancia en la prensa y en plataformas de internet que ha llamado la atención y a la acción de organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos y de agrupaciones feministas que han exigido que se haga justicia y se deslinden responsabilidades ante este muy probable caso de feminicidio.     

En los últimos tres años del mandato del exgobernador, Fernando Toranzo Fernández, Esperanza Lucciotto, madre de Karla, padeció un sufrimiento casi indescriptible y su dignidad fue llevada al límite. Indiferencia, esperas infructuosas, humillaciones, promesas incumplidas y malos tratos fue lo que recibió por ejercer su  legítimo derecho de exigir que se llevara a cabo una investigación apegada a derecho, sin que se protegiera a Jorge Vasilakos, a quien ella y su familia presumen como homicida de Karla. Hasta amenazas recibieron por buscar justicia.

Y en los tres años que han transcurrido del gobierno de Juan Manuel Carreras López, la ahora Fiscalía General del Estado no ha hecho nada argumentando que espera la resolución de la SCJN para determinar si debe o no reponer el proceso de investigación sobre la muerte de Pontigo Lucciotto.

Resulta casi inverosímil que en seis largos años ninguna autoridad de gobierno, ni siquiera el propio Poder Judicial de la Federación, hayan podido resolver este emblemático caso.

Por ahora,  parece no haber otra alternativa que seguir presionando y exigiendo por todos los medios al alcance, tanto de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de las organizaciones feministas, como de la sociedad en general, que se haga ¡justicia ya! para Karla Pontigo y su familia… y para todas las mujeres víctimas de la violencia por razones de género.

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