Por Victoriano Martínez
La declaración de conflicto de interés no sólo es una más de la denominada #3de3.
La obligación de hacer públicas las tres declaraciones –la patrimonial, la fiscal y la de intereses– debe tomarse en serio por los servidores públicos.
Publicar esos documentos testados a la manera de versiones públicas estilo Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (todo testado menos el nombre, cargo y datos ya publicados por otras obligaciones de difusión de oficio) es, además de una simulación, una verdadera burla al derecho de acceso a la información pública.
Los diputados de la LXII Legislatura, quienes están obligados a difundir de oficio sus declaraciones #3de3 por partida doble –en el artículo 84 y en el 86 de la Ley de Transparencia estatal–, incurren en una burla adicional.
El artículo 86 es categórico al ordenar al Poder Legislativo “poner a disposición del público, de oficio, y en forma completa y actualizada (…) XVIII. Las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal, y de intereses de los diputados”.
No sólo no habla de versión pública, sino que especifica que debe ser “en forma completa y actualizada”.
En clara violación a esa orden que les da la ley, los legisladores publican sus declaraciones completamente testadas, al grado de que publicarlas así y poner en su lugar el formato en blanco es prácticamente lo mismo.
Todavía tienen el descaro de responder, al final de los formatos, si están dispuestos a que se hagan públicos o no su patrimonio y sus datos personales, con un sí o un no que no marca ninguna diferencia, en ambos casos los documentos se publican testados.
Ninguna de las tres declaraciones se presenta para jugar a la simulación de que las hacen públicas. La ley es clara y la incumplen.
Pero tan es su intención de que esa información no se conozca que, tanto la Contraloría Interna del Congreso del Estado como la presidenta de la Comisión de Vigilancia y sus compañeros integrantes de la misma, se hacen de la vista gorda ante el caso evidente de la actuación bajo conflicto de interés de la diputada María Isabel González Tovar.
Pasar de primera síndica a diputada integrante de la comisión que revisará las cuentas de la administración municipal en la que participó la convierte en juez y parte.
Si un conflicto de interés tan evidente se deja pasar de esa manera, ¿qué se podría esperar de todos los conflictos de intereses que quedan ocultos bajo la información testada en las #3de3?
El sentido de las #3de3 no es simular que son muy cumplidos y transparentes, y el caso González Tovar es sólo una muestra de la importancia de que abran esa información, como les ordena la ley.
