Jaime Nava 

A la larga, resulta un negociazo cometer actos de corrupción desde el poder y más si éstos se realizan en grupo. Como sucedió desde el momento en el que se dio a conocer el video donde explica cómo funciona la red de blanqueo de cuentas públicas entre el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, Enrique Alejandro Flores Flores interpretará el papel de equino expiatorio y terminará libre e inhabilitado.

Provenientes de distintos partidos políticos: Enrique Flores, Óscar Bautista Villegas, Manuel Barrera Guillén y J. Guadalupe Torres Sánchez se encontraron en el Congreso del Estado desde el 2015 y pronto descubrieron que, pese a sus diferencias políticas, a todos los unía un excesivo amor por el dinero público. Se hicieron llamar los “broncos” y una de sus primeras misiones fue la de presionar al entonces auditor, José de Jesús Martínez Loredo, para que eliminara observaciones por varios millones de pesos a las cuentas públicas del ayuntamiento de la capital.

A todo galope, los broncos fueron acumulando victorias políticas y monetarias que les auguraban un futuro electoral exitoso hasta que el ruano asomó la lengua sin saber que estaba siendo video grabado.

Ayer, casi un año después de que estallara el escándalo conocido como “La Ecuación Corrupta”, a Enrique Alejandro Flores Flores se le dictó un auto de vinculación a proceso por el delito de cohecho en agravio de la administración pública. A él y sólo a él, aunque por propia boca hubiera explicado el papel que desempeñaban el resto de sus compañeros en la lavandería legislativa.

Porque así lo quiso el destino, la mala fortuna o la ausencia de capital político, el encargado de vincular a proceso a Enrique Alejandro Flores Flores fue Felipe Aurelio Torres Zúñiga juez afiliado al Partido Revolucionario Institucional y que en público se ha dejado ver cerca de Juan Manuel Carreras quien, a su vez, intentó recompensar su lealtad incluyéndolo en una de las ternas para ocupar el cargo de magistrado supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

No merece la pena celebrar la vinculación a proceso de Flores Flores. Tal como están las cosas es probable que el diputado con licencia pida que su asunto se resuelva mediante un proceso abreviado lo que sería suficiente para alcanzar libertad condicional e inhabilitación. Con esas ofertas jurídicas no es extraño que los políticos opten por la corrupción, total, comparada con las ganancias por moches, la sentencia es baratísima.  

Agujeros

 

Que nadie se sorprenda si Mariano Niño busca los servicios legales del abogado de su ex compañero pues la organización Ciudadanos Observando se encargó de agujerar el saco de autoexculpación del que el panista llevaba meses sacando la frase “golpeteo político” para zafarse de los señalamientos en su contra.

Como ni sus compañeros diputados lo conocían, Mariano Niño supo aprovechar su anonimato político para llenarse los bolsillos falsificando la firma de decenas de potosinos y simulando la entrega de “apoyos legislativos” que, por supuesto, jamás llegaron a las manos de quienes el panista supuestamente ayudaba.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, para cobrar más de 86 mil 499 pesos, Mariano Niño falseó la firma de un hombre que había muerto meses antes e incluso se atrevió a agregar una carta donde el difunto le agradecía por la ayuda “recibida”.

Una nueva denuncia penal será presentada en contra del diputado que pasó de ser un perfecto desconocido a un sinónimo de la podredumbre legislativa. Sus ex colaboradores, que se las dan de muy decentes, atestiguaron durante meses las fechorías de su jefe. Ahora, con voz muy baja juran que declararán en su contra. Lo dudo.

A pesar de la peste, en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) hay empleados dispuestos a hacer todo lo necesario para que nadie se entere que en el edificio de administración existe un agujero informativo del que brota un fétido olor. Ayer, por lo menos, tres policías fueron enviados a impedir que el que escribe esta columna pudiera entrevistar a los académicos en relación a diversas irregularidades.

Según los propios elementos de seguridad, la encargada de Servicios Generales, Martha Patricia Hidalgo Silva, dio la orden de bloquear el acceso a este medio de comunicación. El Ipicyt huele a todo, menos al apellido materno de su director.

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