Alejandro Rubín de Celis

Los diputados de la LXI legislatura nunca aprendieron la lección. De verdad que no tienen… consideración alguna hacia la ciudadanía a la que se deben. Ni los excesos y despilfarros en los que incurrieron con dinero ajeno, ni los denigrantes espectáculos que dieron en algunas ocasiones y que les valieron severas críticas, ni los escándalos que provocaron ─como el de la Ecuación Corrupta que derivó en la solicitud de licencia de tres legisladores y la presentación de denuncias penales─, ni las demandas que han sido presentadas en contra de varios de ellos por  usar empresas fantasma e incurrir en falsificación de firmas y documentos, entre otras de sus penosas actuaciones, fueron suficientes para que al final de su gestión asestaran un nuevo golpe a la dignidad y al patrimonio de los potosinos.

Es inminente que el día de hoy, el pleno del Congreso del Estado apruebe los “nuevos” dictámenes de los informes finales de las auditorías 2016 a los entes públicos obligados de San Luis Potosí, elaborados por la Comisión de Vigilancia, que son prácticamente los mismos, en esencia ─salvo algunos pequeños cambios─, que los dictámenes que los propios diputados rechazaron el 29 de junio del año pasado, no obstante que un despacho externo estableció en un documento que hubo irregularidades en el proceso de revisión de las cuentas, el cual corrió a cargo de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

¿Cómo es posible que si el despacho Costemalle-DFK, S.C. observó en sus revisiones complementarias que existió “falta de evidencia de elaboración y revisión del programa anual de auditoría, así como de su aprobación por parte del Auditor Superior”; “falta de evidencia de que todos los procesos se hayan realizado y/o de que las revisiones se hayan efectuado de manera clara y oportuna”; y “falta de evidencia de que los papeles de trabajo estén debidamente conformados y contengan evidencias suficientes para sustentar las inconsistencias y observaciones encontradas”, la Comisión de Vigilancia haya elaborado dictámenes aprobatorios de los informes finales de las auditorías elaborados por la ASE, que son los que se someterán hoy a votación del pleno?

Al menos ocho meses de trabajo del despacho externo entre la revisión al proceso de auditoría realizado por la ASE y el periodo de desahogo de las observaciones a cargo de la contraloría interna de ese organismo fiscalizador, y recursos públicos invertidos cuyo monto se desconoce debido a la opacidad de los legisladores ─sólo se sabe de un pago por un millón 300 mil pesos en la etapa previa a la entrega del informe─ parece que servirán de nada ante las fundadas sospechas de que hay cuentas públicas que se limpian o se maquillan como parte de un esquema de corrupción que involucra a diputados, alcaldes y funcionarios de la ASE. ¿Cuáles de ellas fueron arregladas nada más en lo que toca al ejercicio fiscal 2016? Seguramente no lo sabremos si hoy se aprueban los dictámenes tal como se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y si la sociedad no hace algo para evitarlo.

El único dictamen que no lleva aprobación es el de Ébano, cuyo alcalde, Crispín Ordaz es nada menos que quien dio a conocer el video donde el ex diputado Enrique Flores revela la red de corrupción en el Poder Legislativo. ¿Será realmente un hecho apegado a la legalidad  o, como interpretan algunos, una venganza de Héctor Mendizábal, presidente de la Comisión de Vigilancia e íntimo amigo de Enrique Flores?

Son varios los casos donde se sospecha de maquillaje en cuentas públicas municipales, pero sin duda el más emblemático es el de la capital del estado, donde todavía gobierna Ricardo Gallardo Juárez. El dictamen de la Cuenta Pública 2016 del ayuntamiento que él encabeza viene igual que el rechazado el año pasado, ¡con cero observaciones financieras! de parte de la ASE, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ha señalado inconsistencia en el mismo ejercicio fiscal por 440 millones de pesos de fondos federales que hasta donde se sabe no ha podido solventar. Curioso: en un caso, inconsistencias por cientos de millones de pesos, y en otro, ni una sola observación de carácter financiero.       

De pronto surge la pregunta de si la contratación del despacho externo y otros anuncios y medidas tomadas por el Congreso no fueron más que una simulación y que sirvieron a los diputados para no afectar candidaturas en las elecciones de este 2018 y para lograr que corriera el tiempo hasta terminar su gestión como legisladores sin nuevos sobresaltos.

¿Qué pasa en nuestro sistema de justicia que no hay contrapeso alguno que frene los excesos de estos diputados? ¿En qué estado se encuentran las denuncias contra los legisladores que participaron en la Ecuación Corrupta y otros personajes involucrados?

De consumarse la aprobación de los informes de las Cuentas Públicas 2016 como vienen, quedará claro el enorme desprecio de los diputados por la legalidad y la justicia, y la indolencia de autoridades judiciales que actúan en complicidad para proteger intereses ajenos a los de la ciudadanía.   

Cada vez es más claro que si la sociedad no se organiza y actúa, estará condenada a seguir padeciendo los excesos y las corruptelas de los diputados ─los de ahora y los que vengan─ y de toda una clase política que ocupa los espacios donde se toman las decisiones y donde no hay cabida para la representación ciudadana independiente que vigile de cerca su actuación.    

Dada la premura con la que se da a conocer la virtual aprobación, en unas horas, de los dictámenes de las cuentas públicas, es factible que no se haga presente en el recinto legislativo una representación ciudadana suficiente que logre dar marcha atrás a esa decisión, como sucedió aquel histórico 29 de junio de 2017. Sin embargo, si la ciudadanía no quiere seguir siendo pisoteada por éstos y otros grupos de poder en el estado, debe exigir a la siguiente legislatura la reposición de las auditorías 2016 a todos los entes obligados ─no a los procedimientos de fiscalización─, contratando a un despacho independiente, sí, pero bajo un mecanismo que permita la participación de representantes de la sociedad civil en las revisiones,  para que realmente se sepa quiénes incurrieron en irregularidades y se deslinden responsabilidades.

De no hacerlo, quedará el antecedente de que es posible mantener una red sobornos para que las siguientes legislaturas reproduzcan y perfeccionen la Ecuación Corrupta en detrimento del escaso patrimonio común.        

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