Por Victoriano Martínez

Si algo exhibe la autoridad en materia de combate a la inseguridad y atención a las víctimas es la apariencia de que no se trata de asuntos que tengan considerados entre sus prioridades, y este jueves quedaron registrados por lo menos cuatro ejemplos.

Uno. La noche del miércoles, integrantes de la Asociación de Agentes de Ministerios Públicos, Elementos Preventivos Investigadores y Científicos lograron, mediante una manifestación frente a la Casa de Gobierno, arrancar un compromiso de incremento salarial al gobernador Juan Manuel Carreras López.

Llevan meses con su demanda, pero es hasta que la presión toca a la puerta del gobernador que hay una reacción –que aún es promesa– plasmada en una minuta en la que se ofrece pagar el incremento solicitado en la segunda quincena de julio.

Para el próximo miércoles habrá de definirse el porcentaje del incremento –al menos para el personal perteneciente a la Fiscalía General del Estado– y. llegado ese momento, podrían generarse motivos para que el conflicto se prolongue si la autoridad ofrece un porcentaje menor a lo esperado por los demandantes, quienes advirtieron que no aceptarán menos de un 15 por ciento de aumento.

Dos. Aunque han comenzado a llegar los elementos de la Guardia Nacional que reforzarán el combate a la inseguridad, a quienes se ofrecieron las comandancias Oriente y Poniente para su estancia, las pláticas sobre su ubicación continúan para ajustarse a la estrategia de los lugares en donde deberían establecerse.

Un dato que bien podría representar que no se han ofrecido las mejores condiciones para que los elementos de la Guardia Nacional realicen su labor.

Tres. La alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, podría enfrentar un juicio político y ser destituida por no atender una sentencia que condena a su ayuntamiento a cubrir la reparación del daño a los familiares de una víctima de homicidio por parte de elementos policíacos.

Si bien el hecho no ocurrió durante la actual administración, el compromiso es institucional y quien se encuentra en el cargo es quien debe atender las obligaciones que y el desacato que se señala no es más que no haber dado la atención debida a una víctima.

Cuatro. Juan Pablo Almazán Cue, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, recurre a una maniobra administrativa para evitar que el juez Julián Ruiz Contreras, quien tramitó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación y acoso laboral en el Poder Judicial, pudiera asistir a una conferencia sobre “acoso en el ámbito laboral y penal”.

Un acto semejante al que describe la expresión muy mexicana de limitarse a barrer por donde pasa la suegra, es decir, que se vea que en el Poder Judicial están preocupados por evitar que se presenten casos de acoso laboral, pero a las víctimas hay que esconderlas bajo un “ya no alcanzó el cupo del salón”.