Por Victoriano Martínez
Cuando a alguien que tiene un cargo público sus pares le reclaman públicamente información y, para salir del paso, ofrece que “cuando ustedes lo indiquen de manera privada informaremos”, exhibe no sólo su vocación por la opacidad, sino también que es una persona que no califica para el puesto que ocupa.
Desde que, a partir de 2002, se reconoció en la legislación mexicana el derecho de acceso a la información pública, la obligatoria transparencia en la administración pública ha servido para exhibir que la gran mayoría de quienes cobran como servidores públicos no atienden a esa denominación.
Primero el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) en rueda de prensa y después Pedro Carrizales “El Mijis” en la Tribuna, pidieron a Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, informar sobre los requerimientos de la Fiscalía General del Estado con relación a los ex diputados denunciados por falsear apoyos sociales y apropiarse de recursos públicos.
El expediente “está siendo puntualmente atendido, no ha habido ningún requerimiento de la Fiscalía que no se haya atendido, y cuando ustedes lo indiquen de manera privada informaremos en qué está este juicio (…) si el Congreso tiene que presentar denuncia, vamos a presentar denuncia”, es parte de la respuesta que dio Díaz Mendoza en Tribuna.
Al afirmar que no ha habido requerimiento que no se haya atendido, Mendoza Díaz reconoce que hay mucho más que la petición exhibida por el FCA con fecha 4 de abril, pero de ninguna ha informado, ni a sus compañeros.
Ofrecer a sus compañeros informar de manera privada (algo que no puede ofrecer al FCA) es levantar el muro de la opacidad, así agregue que se trata de informar “en qué está este juicio”, como si se amparara en una posible causal de reserva.
Pero nadie pide información sobre el juicio porque ese se tramita en el juzgado.
La información que se le exige es sobre las gestiones para determinar la postura que adoptará el Congreso del Estado: ¿presentará querella o les otorgará el perdón a los ex diputados?
Planteado en otros términos: ¿defenderán el interés público, el patrimonio y la credibilidad institucional del Congreso del Estado, o se convertirán en cómplices de los ex diputados y traicionarán a sus representados, con el perjuicio que representa para la institución?
La manera más segura de saber si es justa o injusta una decisión como la que hoy está en manos del Congreso del Estado es sacándola del secreto y poniéndola a la vista de la opinión pública.
El caso vuelve a poner a prueba a esta Legislatura que ya ha acumulado demasiadas malas señales que la colocan al borde de superar a la anterior como la peor… si no es que para muchos ya han resultado peores.
El intento de sus antecesores, con Mariano Niño Martínez en primera fila, para volverlos cómplices que los cubran con impunidad podría marcar un antes y un después, como en su momento lo marcó para la anterior Legislatura la revelación de la ecuación corrupta.
Pareciera la maldición de un creciente cinismo que avanza hacia niveles superiores de descaro… y se resisten a conjurarlo.
