Victoriano Martínez
Los incumplimientos en la medición de la calidad del aire en San Luis Potosí y la obligación de informar a la ciudadanía sobre la misma fueron presentados este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la organización Cambio de Ruta, con el apoyo de Greenpeace.
Luis Lozano González, director general de Cambio de Ruta, informó que se presentó la solicitud de audiencia con Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer paso para que esa instancia internacional intervenga.
“Tengo evidencia de que antes de presentar la solicitud de Audiencia Temática por “La Calidad del Aire” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH @DESCA_CIDH en Washington, busqué por todos los medios a mi alcance una audiencia previa con el Dr. Juan Manuel Carreras @JMCarrerasGob @GobEdoSLP sin éxito”, expuso González Lozano en redes sociales.
El documento presentado ante la CIDH se expone el caso de San Luis Potosí como el ejemplo del incumplimiento de todas las autoridades del país en la medición de la calidad del aire e informarlo a la población para evitar problemas de salud.
En su petición de audiencia acusan al Estado Mexicano, del que el caso San Luis Potosí es presentado como ejemplo, de violar diversos derechos humanos por su indolencia.
“No realiza el monitoreo necesario ni destina presupuesto suficiente para obtener más información sobre este problema que la OMS reconoce como “el riesgo ambiental más grande para la salud en el mundo” y evitar así que sigan muriendo cada día 50 personas a causa de la contaminación del aire”, señalaron.
En el documento se pronuncian por una “sesión temática para exponer la violación sistemática del Estado Mexicano a los derechos humanos a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la vida, información y un ambiente sano por su omisión a la medición de la calidad del aire”.
González Lozano mencionó que no logró que las autoridades potosinas atendieran su demanda, a pesar de haber solicitado audiencias en la Consejería Jurídica, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, ni a través de conocidos allegados a Carreras López.
“Comprobé que el diálogo con las autoridades es nulo y su actitud indolente”, concluyó.
En el documento enviado a la CIDH hace una relatoría sobre la forma en que el recurso del juicio de amparo resultó una tutela ineficaz para combatir la omisión de las autoridades en el cumplimiento de derechos humanos ambientales. Describe cómo se dio por cumplida la sentencia del juicio de amparo 484/2016.
Señalaron que las autoridades potosinas incumplen además con la protección y respeto de los espacios verdes, de los espacios azules, los árboles patrimoniales y la no degradación de los pulmones que han sido declarados áreas naturales protegidas.
“No son vigilados, respetados, ni mucho menos protegidos, haciendo nulo tácitamente el reconocimiento de que el derecho a respirar aire limpio es un derecho humano violado, pues el diálogo entre la autoridad y la ciudadanía en materia de protección de nuestros derechos y recursos es inexistente”, indicaron.
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