Por Victoriano Martínez

Pudo haber sido motivo de orgullo.

Pudo haber informado que revalidó ¿10, 20, 25? materias por las que, como cada revalidación cuesta 500 pesos, pagó ¿5 mil, 10 mil, 12 mil 500 pesos?

Pudo haber señalado la fecha en que se inscribió en el Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia (IPESAD).

Pudo haber contado la historia de las desveladas que le costaron el poder aprobar las materias que le faltaban para convertirse en licenciado en derecho en tan solo un año.

Pudo haber dicho que como quiso ser el ejemplo para los empleados del ayuntamiento, esos “únicamente 240 policías (que) fueron inscritos al curso de capacitación “Técnico Superior Universitario””, se aplicó y les envió copia de su cédula profesional número 10653676 como elemento motivador.

Si el alcalde pudo, por qué no habrían de poder sus subordinados.

Pudo haber sido tantas cosas positivas… pero no fue así.

La opacidad y la sospecha que esta genera se lo impidieron.

No pudo ser motivo de orgullo porque la relación con el IPESAD fue una más de tantas en las que el uso que se dio a los recursos públicos prefiere ocultarse.

Una compra millonaria de medicamentos también pudo haber sido motivo de orgullo porque de esa manera se privilegiaba la salud de los empleados municipales, pero no lo fue por lo fantasmal de la proveedora y sus productos.

¿Cuántas cosas pudieron ser lo uno, pero resultaron lo otro?

Y todo por no revelar el destino real de los recursos públicos.

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