Victoriano Martínez
Están por cumplirse doce meses de que un grupo de trabajadores despedidos injustificadamente por el Ayuntamiento de San Luis Potosí presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aún no hay resolución porque en ese organismo “estamos trabajando en los propios tiempos de la comisión”, según afirmó su presidente, Jorge Andrés López Espinosa.
Seguramente los tiempos de la Comisión le resultan cómodos a quienes forman parte de ella. Burocratizar, como lo han hecho, un organismo que tendría que estar más atento a la urgencia de atender las necesidades de quienes son vulnerados en sus derechos humanos, no es más que una mala señal para quien tiene la desgracia de convertirse en víctima.
En los 115 días que van de este 2018, la CEDH ha emitido siete recomendaciones, entre las que el caso más antiguo data de septiembre de 2014. El más reciente, iniciado de oficio según el texto, lo abrieron en enero de este mismo año. El promedio de tiempo que requirieron los burócratas de los derechos humanos para resolver esos siete casos fue de 19 meses. ¿Cuántos habrá pendientes?
Para los trabajadores municipales que padecieron maltrato, acoso, hostigamiento laboral y hasta amenazas antes de ser despedidos por la administración gallardista sólo queda una certeza: el suyo es uno de tantos que están pendientes a que se cumplan los tiempos de la burocracia de los derechos humanos, que suelen incluir largas esperas de los expedientes en los escritorios de sus directivos.
Tan mala es la señal, que quien ya padece la condición de víctima y aun tiene el ánimo de buscar justicia, ya sabe que tiene que someterse a ser víctima de un “estamos trabajando en los propios tiempos de la comisión”, antes que en lo urgente que resulta el resarcimiento de los derechos humanos.
