Por Victoriano Martínez
La denuncia penal interpuesta por Interapas por un fraude que alcanza los 249 millones de pesos por el pago irregular de servicios médicos por un lado exhibe que no todo el problema financiero de Interapas es por sus tarifas, en tanto que por el otro representa una prueba más para la Fiscalía General del Estado (FGE).
¿Hasta dónde la crisis financiera de Interapas es responsabilidad de los usuarios morosos?
Si bien es cierto que si todos pagaran el agua, el organismo operador del servicio no enfrentaría las dificultades que hoy tiene, también lo es que si hubiera contado con buenos administradores los problemas no serían de tal magnitud.
De acuerdo con el Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos de Interapas al 30 de septiembre de 2018, la administración de Ricardo Gallardo dejó al organismo con una deuda por 476 millones 688 mil 83.45 pesos.
El monto del fraude ahora denunciado equivale al 52 por ciento de la deuda que dejó la administración gallardista. Es decir, bien pudo dejar una deuda de menos de la mitad.
Si a eso se suman los pagos a empresas fantasma por servicios inexistentes, el pago de aviadores y otras fugas de recursos, el adeudo que pudo haberse dejado habría sido plenamente manejable y, seguramente, en lugar de requerir un aumento de casi el 40 por ciento a la tarifa, se pudo haber planteado uno más razonable y, por tanto, con más posibilidades de haber sido aprobado.
Pero es una historia de un mundo paralelo en el que todo habría funcionado dentro del deber ser. Un funcionamiento hoy esperado por ser la base para el saneamiento y operación de un Interapas sin problemas.
Robo, fraude genérico, fraude simulado, peculado, distracción de fondos públicos, ejercicio indebido de las funciones públicas y asociación delictuosa son los delitos de los que se habla como parte de la denuncia.
Pareciera la descripción de las características de la administración encabezada por la gallardía, no sólo en el Interapas, sino en el propio Ayuntamiento, donde –hasta ahora– se han denunciado formalmente casos como la nómina maestra, de la obra pagada y no ejecutada en Fray Diego de la Magdalena y la autorización de un cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida.
Si a eso se suman las denuncias del Frente Ciudadano Anticorrupción por el caso Sandra Sánchez Ruiz y el enriquecimiento ilícito de la familia Gallardo, el catálogo de actos delictivos ampliamente documentados en la administración gallardista exhibe la negligencia de la Fiscalía General del Estado.
Más allá de la inacción de la FGE, que la exhibición delincuencial de la gallardía no provoque ni el más mínimo pronunciamiento del gobernador Juan Manuel Carreras López, primer responsable en el Estado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, coloca al mandatario en una condición de complicidad por omisión.
Ahí radica la importancia de que el mayor número posible de las mil 843 observaciones detectadas por la actual administración a su antecesora se conviertan en denuncias documentadas, dado que en esa medida al órgano procurador de justicia no le quedará más que actuar en consecuencia… o exhibirse cada vez más como un gran encubridor.
