Por José de Jesús Ortiz

La imagen del adolescente Marco Antonio Sánchez en la noche entre calles solitarias, atrofiado, con el cuerpo enjuto, arrastrando el pie izquierdo descalzo, es atroz. “Deambulando en estado zombi”, sintetizaron frívolamente algunos medios.

Es una metáfora terrible del futuro que acecha a millones de jóvenes en el país,  víctimas perpetuas del modelo económico salvaje impuesto en las últimas tres décadas como un dogma, que excluye a las mayorías y concentra la riqueza en unos cuantos. Una generación de jóvenes con escasas posibilidades de desarrollo profesional y laboral, con la precarización creciente del empleo y la criminalización desde el poder (el caso Ayotzinapa como paradigma) por el sólo hecho de ser joven, mucho más si proceden de sectores económicamente desprotegidos como Marco Antonio.  

Es también una generación de jóvenes con mayor acceso a la información, nativos tecnológicos, con formas de comunicación y de interrelación diferentes, con mayores niveles educativos aunque en los hechos con un horizonte desalentador de lo que ofrece el país. Nacidos en una época marcada por la “corrosión del carácter” de la que habló Sennet y la pérdida de los antiguos referentes como el trabajo estable, que daban certidumbre al sujeto.

“No es casual que precisamente ahora exista una creciente animadversión contra las y los que estudian o quieren estudiar. Se les ve como obstáculo y amenaza social y cultural, y mujeres y hombres jóvenes –los que más sueñan y luchan– son ahora crecientemente víctimas de agresiones de la delincuencia, de las fuerzas del Estado o de la asociación de ambas”, escribió el investigador Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en un artículo publicado el sábado anterior.

Aboites tiene razón. Para el régimen, los jóvenes sólo son mano de obra. Una masa que se desea acrítica. Por ello la urgencia de consolidar un modelo educativo inspirado claramente por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, que genere competencias en los estudiantes y los prepare para el mercado laboral.

En el caso de la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Sánchez, -como en muchos otros que se presentan todos los días-, se añade el papel de múltiples medios de comunicación que contribuyen a criminalizar al detenido y hacen suyas las agendas de los órganos de procuración de justicia y cuerpos policiacos, justificando violaciones a derechos humanos y minimizando los hechos.  

“Se desvanece la sospecha de una demoniaca conspiración policiaca para pudrirle la existencia a Marco Antonio”, escribió el pasado viernes Carlos Marín, director del periódico Milenio, dando por hecho que los agentes policiacos que detuvieron al adolescente no habían actuado de forma indebida. “No estaba muerto, andaba de parranda”, publicó por su parte La Razón, frivolizando la  información.

Empresas mediática que construyen estigmas, un atributo –dice Erving Goffman- “profundamente desacreditador”, funcional al discurso del poder. Coberturas mediáticas que día tras día lesionan derechos de las víctimas, que en sus encuadres (el Framing  de la noticia, según el modelo de agenda setting), refuerzan y legitiman las políticas informativas de las cuerpos de seguridad y procuración de justicia.   

Enfoques editoriales que en casos como el de Marco Antonio se exhiben a plenitud, como ha sucedido en otros muchos casos recientes, entre ellos el de la joven Mara Fernanda Castillo, de la Ciudad de Puebla, víctima de estrangulamiento y abuso sexual en una unidad de Cabify (“se había echado sus chupes y estaba medio peda”, afirmó en un programa televisivo un comunicador poblano, docente de la Escuela Libre de Derecho en Puebla, orillado después a presentar su renuncia https://goo.gl/9yqYq9), o a nivel local en el caso del fotoperiodista Edgar Esqueda. Encuadres “centrados en la criminalización de las personas acusadas de haber cometido un delito, la invisibilización, criminalización o revictimización de las víctimas, y la espectacularización de la violencia y el delito”, advierte  el periodista Marco Lara Klahr en su libro No más pagadores.

Pese a todo ello,  en el caso de Marco Antonio poco a poco comienza a surgir mayor información que permite entender el estado lamentable –“delirium mixto”, según el peritaje del gobierno de Miguel Ángel Mancera- en que fue encontrado el joven. “A mi hermano no sólo lo torturaron, sino también lo drogaron. Le metieron varias sustancias: metanfetaminas, taurina, una más que va en el solvente, además algo que traen los cigarros y otras drogas que le dieron ingeridas, porque no tiene piquetes de aguja”, denunció Magnolia, hermana del adolescente en declaraciones a La Jornada.

Hace 50 años estalló el movimiento estudiantil de 1968 por un problema aparentemente inofensivo como lo fue el enfrentamiento entre estudiantes de bachillerato que derivó en la represión policiaca hasta llegar a la brutalidad del dos de octubre. En el subsuelo mexicano parecen estar dadas las condiciones para que el bosque se incendie en cualquier momento, a partir de hechos como el de Marco Antonio. Al gobierno le convendría tomar nota de ello, más en un año de sucesión Presidencial en el que el papel de los jóvenes (casi 40 millones menores de 29 años), será fundamental.  

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