Arely Torres-Miranda

La paridad no ha sido una concesión ni un capricho, es un derecho. Está sustentada en el andamiaje jurídico internacional, principalmente en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por el Estado Mexicano en 1981, y que en sus recomendaciones 23 y 25 señala que los Estados parte deberían idear y ejecutar las medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas de la vida política y pública, naciendo así las llamadas “cuotas de género” las cuales son consideradas acciones afirmativas por lo cual, en ningún momento, se consideraron discriminatorias.

Para el caso de México específicamente, la CEDAW en su periodo número 52, en respuesta a los informes 7º y 8º recomendó asegurarse que los partidos políticos cumplieran con los marcos jurídicos electorales, derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres y estableciera sanciones en caso de incumplimiento de las cuotas de género, eliminara cualquier obstáculo para la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres indígenas en la vida política en cualquiera de sus niveles y que se asegurara del cumplimiento de asignar el 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres.  

Consecuencia de todo lo anterior, por fin en julio del año pasado, México vivió una jornada electoral histórica mostrándonos un panorama de participación política de las mujeres muy diferente. Recapitulando, durante la contienda electoral 2018, partidos y coaliciones postularon 40 mil 143 candidatas mujeres a gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, ocupando también el 50.4 por ciento del total de las candidaturas locales. Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, se logró construir una paridad en el Senado, con 51% de mujeres y un 49% de hombres ocupando las curules y  también en el Congreso se tuvo un 49.2% de mujeres y un 50.8% de hombres, marcando esto, un nuevo orden político (y social) en los órganos rectores de nuestro país.

No les puedo ni contar cuántas voces me he encontrado que, por desconocimiento –y machismo- , han intentado invisibilizar y hasta impedir estos avances. Voces que van desde un desatinado “¡cómo si no hubiera cosas más importantes!” hasta el “¡esas feminazis (sic) no tienen nada mejor que hacer!”, claro, ambas reflejan una ignorancia absoluta de la desigualdad sociocultural y de la lucha histórica que muchas mujeres han encabezado desde hace varios años.

El camino no fue sencillo, muchas, muchísimas mujeres unieron esfuerzos, crearon estrategias, tejieron redes sororales, exigieron el cumplimento de las recomendaciones y resistieron hasta llegar a la fecha que estamos viviendo. Hace algunas semanas se presentó en el Senado, una iniciativa que buscaba garantizar la paridad en lo que corresponde al poder ejecutivo, a su titular y a su gabinete, en el Legislativo, lo relativo a los y las diputadas y a los y las senadoras. En lo judicial, haciendo lo propio en materia de los y las ministras, los y las juezas de distrito y los y las magistradas de circuito y electorales, así como al Consejo de la Judicatura Federal. También se contempló en los organismos públicos autónomos, los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso  a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Tribunal de Justicia administrativa y al Tribunal Superior Agrario. Todo esto, proponiendo el mismo esquema para las entidades federativas así como para la integración de los ayuntamientos, es decir, lograr la paridad en los tres poderes de la totalidad de las entidades federativas, municipios y organismos públicos. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y se turnó a los Congresos estatales para su votación, lográndose en 17 legislaturas para el 31 de mayo, siendo Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Estado de México, Colima y Ciudad de México, las primeras entidades en aprobarla. San Luis Potosí, lo hizo el día 4 de junio.

Miren, la cosa no es tan difícil y no se trata de nada más que poder proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica en una participación paritaria en aquellos espacios donde, aunque insistan en negarlo, persisten las desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en los puestos de elección popular, como en la administración pública, la impartición de justicia, y los organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales. Esto, obviamente, tendrá que tener una mirada transversal e interseccional, para que ninguna mujer siga siendo discriminada por razones de preferencia o condición sexual, etnia, etaria, discapacidad o cualquier otra que pudiera impedir el ejercicio pleno de todos los derechos humanos. Claro, esto no es difícil, siempre y cuando, exista la voluntad política y el compromiso real, de quienes toman las decisiones en este país.

Acá en San Luis Potosí, la ciudadana Lourdes Moreno Estrada, Ciudadana integrante del Primer Parlamento de mujeres, presentó desde el 25 de marzo del año en curso, como parte del proyecto de RISEUP, una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la administración pública del estado de San Luis Potosí, para garantizar un paso más por la paridad. Cabe mencionar que esta iniciativa, está detenida en comisiones esperando ser votada, eso, si al H. Congreso del Estado le alcanza a ver y reconocer los esfuerzos de la Sociedad Civil.